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VALENCIA. La consulta celebrada en Catalunya el pasado 9 de noviembre ha venido a demostrar, como mínimo, un par de cosas. La primera es que el proceso iniciado por los independentistas, pese a sus notables déficits democráticos, no ha sido inútil, diga lo que diga Mariano Rajoy. La segunda, previa incluso a la anterior, es el agotamiento del actual Estado de las autonomías. El 9N, quiérase o no, va a influir de forma radical en el panorama político de España tras haber puesto patas arriba el actual modelo territorial y hacer más evidente, si cabe, la necesidad urgente de una reforma de la Constitución que, va de suyo, no será tarea fácil.

Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas con Rodríguez Zapatero, ha recordado que durante la elaboración del Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum en junio de 2006, Pasqual Maragall -«que no era independentista y al que le preocupaba España»- apostaba por un periodo reconstituyente en el que Cataluña, Euskadi y Galicia ocuparan un lugar preferente. «No le gustaba el café para todos de la Transición», aseguraba Sevilla. Los socialistas catalanes aún se mantienen en la línea de Maragall y reclaman el reconocimiento de las singularidades de las nacionalidades históricas y sus "derechos históricos".

En vísperas del 9N, el historiador Josep Fontana, en una muy interesante entrevista publicada en la edición catalana de El País, aseguraba que la única salida al conflicto catalán pasaba por un Estatuto con competencias blindadas con un tribunal de arbitraje paritario y el concierto económico. Fontana se mostraba muy escéptico respecto a la independencia de Cataluña: «A corto y medio plazo no existe ninguna posibilidad de desengancharse de España»

La apuesta de Fontana por un concierto económico para los catalanes es compartida por la agencia de calificación Fitch que considera como el escenario más probable un pacto fiscal entre los Gobiernos español y catalán. Fitch advierte que este posible acuerdo empeoraría la deuda pública de otras comunidades autónomas. Ésta es la clave de bóveda para los valencianos. Nuestra comunidad es la peor financiada de todas. Una de las hipotéticas soluciones para el conflicto de nuestros vecinos del norte con Madrid pasa por una reforma constitucional que contemple un Estado federal (¿asimétrico?) y el blindaje de algunas competencias en educación, cultura y la lengua, de tal manera que éstas sean exclusivas de la Generalitat. Por ahí la Comunitat Valenciana se puede beneficiar, pero no está tan claro qué puede ocurrir con el modelo de financiación autonómica.

El modelo federal que proponen los socialistas contempla el principio de ordinalidad, que garantiza que ninguna comunidad receptora de los fondos de nivelación debe sobrepasar en ingresos disponibles totales a otra que esté por delante en el ranking de ingresos tributarios por habitante. Para entendernos, en la actualidad, la Comunitat Valenciana es la octava o la novena, según la estimación, en las contribuciones tributarias per cápita y recibe del Estado como la decimotercera. Con el principio de ordinalidad eso no ocurriría. En España, como en casi toda Europa, la política se ha provincializado y empequeñecido en un momento en que se ha abierto un proceso de cambio en el modelo territorial muy complejo y no exento de riesgos. Una época que va a requerir políticos muy potentes y con altura de miras. ¿Existen en la Comunitat Valenciana?

El PP ha entrado en barrena, carcomido por los casos de corrupción y con muchos de sus altos cargos imputados. Podemos, el partido emergente, no sabe. Y, si sabe, no contesta. Compromís está enredado en sus asuntos internos. Sólo los socialistas y Esquerra Unida parecen tener una idea clara sobre lo que quieren; pero habrá que ver cuál es la estrategia del secretario general del PSPV, Ximo Puig, cuando sus intereses políticos choquen con los de la presidenta andaluza Susana Díaz.

El debate sobre el nuevo modelo territorial vuelve a pillar a los políticos valencianos desunidos y descolocados. Mala cosa para un territorio, colocado en tierra de nadie, que es algo más que una región y menos que una nacionalidad. Y mala cosa cuando lo que está en juego es nuestro futuro.

(Artículo publicado en el primer número de la revista Plaza de diciembre de 2014)