VALENCIAPLAZA.COM. 08/12/2014 El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tendrá que pronunciarse en un futuro no muy lejano sobre el papel que pudieron jugar los supervisores en la debacle financiera de Bankia y la responsabilidad que pudo tener en ella la auditora Deloitte

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MADRID (EFECOM). Aunque no solo sobre ellos, ya que el informe pericial del caso, que llegó el pasado jueves a su Juzgado, hace vislumbrar una cascada de peticiones de diligencias para que se termine de aclarar lo sucedido desde la constitución de Bankia hasta la salida de su expresidente, Rodrigo Rato, el 7 de mayo de 2012, que culminó poco después con un rescate de casi 24.000 millones.

Se trataba de la prueba determinante del futuro del caso que Andreu encargó a dos técnicos independientes designados por el Banco de España en noviembre de 2012, a los que ha citado entre el 12 y el 16 de enero para ratificar sus conclusiones.

En ella, destapaban que las cuentas de Bankia y de su matriz, BFA, no reflejaban su estado real desde su creación hasta las del ejercicio siguiente, que fueron formuladas por Rato y reformuladas por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, en 2012.

Con su informe, los peritos reactivaban el "caso Bankia" y provocaban, sin citarles en ningún momento, que algunas de las acusaciones, como UPyD, anunciaran de forma inmediata que reclamarán la imputación del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y la del expresidente de la CNMV Julio Segura.

Andreu ya rechazó hacerlo en la causa de las preferentes y se negó a imputar en la pieza principal del caso con el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que avaló las cuentas del grupo.

Los peritos achacaban a la firma no solo no haber detectado los "errores contables", sino también su retraso en la emisión de los informes de auditoría a las cuentas que formuló Rato en marzo de 2011, que "tuvo una gran importancia en la crisis de BFA y Bankia".

Deloitte sí que presentó su informe a los números de Goirigolzarri, pero tampoco aquí advirtió otros "errores contables" cometidos por no registrar ajustes de "importancia material", especialmente referidos a la reclasificación como subestandar de créditos morosos concedidos al sector de la construcción y valorados en 13.244 millones, o sobre los activos fiscales de BFA.

Estos reproches levantan entre las acusaciones la convicción de que el presidente de Bankia, que ya testificó en febrero del pasado año, deba volver a declarar ante el magistrado.

Las recriminaciones de los técnicos eran especialmente duras con la fijación del precio de la acción en el debut bursátil, que fue de 3,75 euros, tras aplicarle un importante descuento, lo que volvió "inviable" la cabecera de Bankia.

Además cuestionaban que su estreno en el mercado estuviera sufragado por "entidades vinculadas o con estrechas relaciones de negocio", como fue el caso de Mapfre, de la que BFA tenía un 15 % del capital y "por tanto con influencia significativa en su gestión", y que compró títulos por 281 millones.

Tampoco alcanzaban a entender que algunas de las órdenes procediesen de clientes con operaciones refinanciadas y retrasos generalizados en los pagos o que se produjeran "ventas inmediatas" que levantaban sospechas sobre el motivo real de la suscripción, al mismo tiempo que cuestionaban "el interés real de algunos inversores", sobre todo, las propias cajas fundadoras, preferentistas y el FROB.

A ello añadían cómo de forma simultánea al debut bursátil, el director general de participadas, Matías Amat, y el exconsejero delegado, Francisco Verdú, firmaban una opción para compensar a la Corporación Gestamp de las eventuales pérdidas derivadas de su inversión, que ascendió a 58 millones y que provocó un "quebranto" para Bankia de 26.

En total, la entidad logró el sustento de 29 inversores institucionales que invirtieron 1.239 millones, entre los que había 11 grupos españoles (Gestamp, Iberdrola, Telefónica, ACS, Villar Mir, Acciona, Disa, Ferrovial, Acciona, Ence e Isolux); ocho bancos nacionales (Santander, Caixa Bank, Barclays, Popular, Sabadell, Ibercaja, Bankinter y Cívica) y dos extranjeros (Merrill Lynch y Swiss Ca).

También apostaron por el estreno de Bankia en el parqué el 20 de julio de 2011 Mutua Madrileña, la Cámara de Comercio de Madrid, Renta 4 y Ahorro Corporación y dos inversores internacionales (Amber y Diamond Back).

Aquel día, Bankia captó fondos por valor de 3.092 millones, la misma cuantía en la que los peritos cifran el "perjuicio directo" que se provocó a sus inversores.

Todo ello sin olvidar el escándalo de las tarjetas opacas, que podría culminar en la imputación de otros 80 beneficiarios si así lo terminan solicitando las acusaciones.