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MADRID (EFE). El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que los cargos públicos deberían abandonar sus responsabilidades políticas cuando se abra juicio oral contra ellos y no por una "mera imputación", porque "no es razonable" -cree- exigir el abandono de la política sólo por estar imputado.
En una entrevista en La Razón, el ministro de Justicia explica que el Gobierno tiene previsto incluir en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo proyecto estará antes de Navidad, que los políticos deberán dejar sus cargos "cuando se formule una acusación, no una imputación", es decir, "cuando se abra juicio oral".
"La condición de imputado no está suponiendo ninguna acusación expresa", sino que debe comparecer ante un juez asistido de letrado para esclarecer determinadas acusaciones, recuerda Catalá, quien explica que sobre esa figura trabajan también con la Real Academia de la Lengua (RAE) para encontrar una denominación "más acorde con la realidad" porque procesalmente "es la que es".
El titular de Justicia considera que corresponde a la Fiscalía calificar si hay delito en el proceso participativo del 9 de noviembre celebrado en Cataluña y "gestionado por la Generalitat".
"Nosotros consideramos que incumple el mandato de suspensión de actividades que el Tribunal Constitucional estableció", dice el ministro de Justicia, quien señala que en ese acto se ha gastado "mucho dinero de los impuestos de los ciudadanos".
Este es el problema, que solo se quiere dimitir cuando sabes que te van a pillar. Y debería dimitirse a la mínima. Hay que dar ejemplo para que de esta manera queden en evidencia los chorizos de verdad, que son los que se benefician con el actual totum revolutum. Dicho de otra manera, Camps debió dimitir a la primera escucha que oímos de la Gürtel. No por delitos sino por descubrise lo que hacía. Se llama responsabilidad política frente a la penal.
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