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MADRID (EP/VP). El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a pisión al ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y al empresario David Marjaliza por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la 'operación Púnica', informaron fuentes jurídicas.

En un auto dictado este viernes el magistrado atribuye a Granados los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.

La resolución judicial detalla que el exnúmero dos del PP madrileño es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado".

"RED DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS"

De igual modo, el juez considera que existen indicios de que "a lo largo de su carrera pública" el exdirigente 'popular' habría beneficiado a Marjaliza y a otros empesarios como José Luis Huerta en materia de contratación pública y urbanismo, de forma que tomó parte en "una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio".

La investigación ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como "contraprestación" de los empresarios beneficiados a las labores de mediación desarrolladas por el exdirigente 'popular'.

Además, el juez ha dejado en libertad con comparecencias al guardia civil de Valdemoro que fue detenido por alertar a Granados de que estaba siendo investigado y a los los supuestos intermediarios con el Ayuntamiento de Collado Villalba Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado del Castillo, que tendrán un plazo de diez días para prestar sendas fianzas de 6.000 euros.

Granados, que ha declarado durante dos horas y veinte minutos, ha negado el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y ha asegurado que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza, quien se acogió a la amnistía fiscal, según fuentes de su defensa. El empresario, por su parte, se ha acogido a su derecho de no declarar.