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MADRID (EFE). El Congreso ha convalidado el real decreto-ley por el que se cierra temporalmente (hibernación) el almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se fija una indemnización para la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, de 1.350,7 millones de euros.

La norma ha salido adelante con el voto a favor del PP, que tiene mayoría absoluta, mientras que el resto de grupos se ha opuesto, según han avanzado sus respectivos portavoces en las intervenciones en el hemiciclo.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido desde el estrado este decreto que, a su juicio, "garantiza la seguridad" de las personas, bienes y medio ambiente.

Soria ha confirmado que se suspende toda actividad en el almacenamiento Castor (no habrá inyección o extracción alguna de gas en el subsuelo) y que será Enagás Transporte, desde el próximo 1 de diciembre, la empresa responsable de su administración y mantenimiento.

No obstante, Soria ha advertido de que esta situación de la planta Castor se podría revertir en el futuro si los estudios técnicos "más completos" lo aconsejan, para "cerrarla, desmantelarla o explotarla sin peligro de movimientos sísmicos perceptibles".

Castor fue clausurado en septiembre del año pasado tras producirse seísmos de baja intensidad en la zona en la que está situado.

El titular de la cartera de Industria recordó que será Enagás Transporte la encargada de abonar esos 1.350,7 millones a Escal a cambio de un derecho de cobro durante 30 años, con un interés del 4,269 % (101 millones anuales), con cargo al sistema gasista, es decir, mediante la factura que pagan los consumidores.

Enagás cedió ese derecho de cobro a varias entidades financieras el mismo día de la publicación en el BOE de la norma.

Soria ha defendido que el pago anual por el cierre de Castor supone un ahorro de 110 millones al año si se compara con lo que la instalación recibiría si estuviera en funcionamiento (212 millones frente a 101 millones).

José Segura, del grupo socialista, se mostró "de acuerdo" con la hibernación de la planta, pero discrepó "notablemente en el mecanismo de todos y cada uno" de los artículos del real decreto ley y solicitó su tramitación en forma de proyecto de ley, algo que también ha pedido el diputado de CiU Jordi Jané.

Joan Baldoví, de Compromís, calificó de "insulto a la ciudadanía y estafa" el real decreto-ley sobre la planta Castor. Baldoví, que mostró bajo su chaqueta una camiseta con símbolos piratas, catalogó de "contrato leonino" el firmado por el Gobierno de turno (en referencia al del PSOE de 2008) y la empresa Escal, "que incluso estipulaba indemnización si hubiera dolo o negligencia por parte de la empresa concesionaria", precisó.

Pedro Azpiazu, del grupo vasco (EAJ-PNV), también mostró su rechazo al real decreto ley y señaló que "se tenía que haber negociado" una indemnización a la baja con Escal, "una quita por ser parte responsable", puntualizó. Por otro lado, la norma convalidada hoy también introduce determinadas modificaciones en materia nuclear.

El decreto estipula que en las centrales nucleares que no hayan designado una única persona jurídica como titular de la instalación se considerará que su titularidad es la de la entidad que tenga encomendada su explotación. Esto afecta a todas las nucleares en funcionamiento menos a las de Garoña, en Burgos, y Cofrentes, en Valencia.

En 2011 se modificó la normativa nuclear para exigir un único titular que se dedique exclusivamente a la gestión de las plantas y que cuente con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios.