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MADRID (EFECOM). Con el objetivo de hacer aflorar dinero no declarado, el Gobierno aprobó en el marco de los presupuestos generales del Estado para 2012 un programa de regularización de activos ocultos que establecía un gravamen especial del 10 % para todas las rentas que salieran a la luz.
El gravamen era del 8 % para las empresas que aflorasen dividendos procedentes de fuente extranjera o rentas derivadas de la transmisión de participaciones.
El proceso estuvo abierto entre junio y noviembre de 2012, permitió que se declararan 40.000 millones de euros y supuso ingresos de 1.200 millones para las arcas del Estado, un 48 % de los 2.500 millones que el Gobierno esperaba recaudar.
La siguiente gran medida antifraude del Gobierno entró en vigor en octubre de 2012 y fue presentada por el Ejecutivo como la ley más ambiciosa contra el fraude fiscal de la democracia.
Conocida como ley antifraude, la nueva legislación contemplaba, entre otras cosas, la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros (15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente).
También la obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles en el extranjero por valores superiores a 50.000 euros y el fin de la tributación por módulos para profesionales como albañiles, fontaneros o carpinteros.
La ley estableció sanciones por el incumplimiento de la obligación de información (5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros) y endureció las previstas por resistirse u obstruir la inspección.
Asimismo, determinó que las rentas descubiertas no declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.
En paralelo se llevó a cabo una modificación del Código Penal para incluir un nuevo subtipo de delito para las conductas más graves en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasaron a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y a prescribir en un plazo de diez años, frente a los cinco establecidos hasta entonces.
A principios de 2013 se puso en marcha dentro de la Agencia Tributaria (AEAT) una unidad especializada en fiscalidad internacional para estrechar la vigilancia sobre las multinacionales que utilizan las diferencias en las legislaciones nacionales para eludir el pago de impuestos en España.
Entre tanto, en los planes anuales de control tributario y aduanero se han ido fijando actuaciones preferentes, como el control de los arrendamientos no declarados de viviendas y locales, la persecución del uso de facturas falsas para pagar menos impuestos o el control de las operaciones con paraísos fiscales.
En el plan de 2014 se ha dado prioridad a las actuaciones de control para detectar situaciones de doble contabilidad o de ocultación parcial de la actividad en las empresas.
En abril de este año se ha aprobado una oferta extraordinaria de empleo público para reforzar la Agencia Tributaria, que incluye 166 plazas nuevas, además de las 72 previstas en la oferta de empleo público ordinaria, así como otras 627 plazas de promoción interna que se ofrecerán a funcionarios de Correos para que se integren en la AEAT en tareas de apoyo a los cuadros medios de la agencia.
En la reforma fiscal aprobada por le Gobierno en julio, y todavía en trámite parlamentario, se incluyen nuevas iniciativas como la publicación de una lista de morosos que incluirá a los defraudadores que tengan deudas con Hacienda o sanciones tributarias superiores al millón de euros.
Además, se ampliarán los plazos de la Inspección de Hacienda y se suspenderán en determinados casos.
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