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MADRID (EP). El consejo de Gowex ha solicitado este jueves preconcurso de acreedores, según ha informado por correo electrónico el director general de Gowex España y responsable financiero del grupo, Francisco Martínez, a los trabajadores.

El correo se ha remitido a los empleados mientras un portavoz elegido por los propios trabajadores leía un comunicado en el que se indicaba que, "por la información que obra en conocimiento de los trabajadores", la empresa "de momento" no había solicitado concurso de acreedores.

El pasado domingo la empresa comunicó en un hecho relevante remitido al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que, ante la previsión de no poder hacer frente a sus deudas corrientes a su vencimiento, había acordado presentar solicitud de concurso de acreedores voluntario.

Asimismo, la empresa precisó en ese momento que esta decisión se adopta sin perjuicio de que asimismo se esté valorando la adopción de otras medidas para proteger de la mejor forma los intereses de la sociedad.

PEDRAZ CITA A JENARO

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado la competencia para investigar los presuntos delitos societarios relacionados con el falseamiento de cuentas de Gowex.

Además, ha citado para el próximo lunes, en calidad de imputado, al presidente de esta compañía, Jenaro García Martín, quien deberá aportar al juzgado su ordenador personal y su teléfono móvil, han informado fuentes judiciales.

Los hechos pueden constituir inicialmente delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas (art. 290 CP) y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante.

GENERALIDAD DE PERSONAS

En el escrito de admisión de la investigación, el juez acoge los argumentos del fiscal y explica que los delitos a investigar a partir de ahora afectan a una generalidad de personas, en calidad de inversores, y que también se extendían fuera del territorio nacional, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional.

Se trata además de una defraudación que causa grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, con repercusión en la economía nacional y perjuicio a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.