MADRID (EFECOM). El Informe Anual del Banco de España correspondiente al ejercicio 2013 cree "ineludible" que empresas, familias y administraciones públicas realicen los ajustes necesarios para reducir sus niveles de endeudamiento y recalca que la velocidad de dichos ajustes condicionará el ritmo y el alcance de la recuperación.
De lo contrario, añaden, "la inversión y el consumo no podrán alcanzar el dinamismo necesario para recuperar las pérdidas de producción y empleo causadas por la crisis, y situar la economía en una senda estable de crecimiento".
Precisamente la entidad supervisora ha dado también hoy el dato de que la deuda del conjunto de las administraciones públicas creció el 7,12 % en el primer trimestre de 2014 y alcanzó los 989.925 millones de euros, lo que equivale al 96,8 % del PIB, el nivel más alto de la serie histórica.
Las previsiones enviadas a Bruselas por el Gobierno indican que en 2014 la deuda pública española será del 99,5 % del PIB, en 2015 del 101,7 %, en 2016 del 101,5 % y en 2017 del 98,5 % del Producto Interior Bruto.
Según los cálculos del Banco de España, situar la ratio deuda pública-PIB por debajo del 100 % en 2017 (como pretende el Gobierno) requeriría una reducción acumulada de déficit primario -es decir, que no incorpora el pago de intereses de la deuda- de 6,4 % del PIB, unos 64.000 millones de euros.
A su juicio, continuar con las políticas de ajuste disminuiría la vulnerabilidad de la economía "frente a posibles perturbaciones" y contribuiría a reducir el coste de financiación de otros sectores de la economía, facilitando la disminución del endeudamiento privado.
Frente a las objeciones de que realizar reformas estructurales en periodos recesivos disminuye a corto plazo la renta y se traduce en mayor endeudamiento, alegan que dadas las restricciones actuales de crédito el resultado es por el contrario estimular "con carácter bastante inmediato" el empleo y la demanda.
Además, los efectos positivos de las políticas de reformas sobre la productividad redundan en ganancias de competitividad, lo que, junto a los ajustes en los costes laborales, "contribuye a estimular el crecimiento económico y a reducir la deuda externa".
Al tiempo piden que se establezcan mecanismos que faciliten la supervivencia de empresas viables con problemas financieros y medidas para evitar que el crédito se canalice hacia "usos más eficientes".
Para el supervisor, en España el proceso de reducción de deuda pública estará condicionado en el corto plazo por la necesidad de desapalancamiento del sector privado y el proceso de consolidación fiscal y, en el medio plazo, por el efecto del envejecimiento poblacional.
Además, las perspectivas de crecimiento económico e inflación moderados a medio plazo dificultarán la tarea de reducción de la deuda pública y obligarán a conseguir y mantener superávit fiscales significativos.
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