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MADRID (EFE). El juez Elpidio José Silva volverá esta semana a los tribunales para declarar como imputado por un delito de revelación de secretos por la filtración a la prensa de los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Será el miércoles a las 9:30 horas cuando Silva deba responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la difusión de los 8.777 correos del exbanquero que él mismo ordenó incautar mientras le investigaba por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al Grupo Marsans de Gerardo Díaz Ferrán.

Además, la instructora de esta causa, Susana Polo, ha llamado a comparecer entre el viernes y el próximo lunes a ocho testigos, varios de ellos abogados.

CITACIONES

Los mismos que podrían haber sabido que el juez "tenía acceso al contenido de los correos, que estudiaron con él su posible utilidad o que le ayudaron a publicarlos".

La magistrada tomó esta decisión a instancias del Ministerio Público, que reclamó estas citaciones a raíz de que un informe policial de 22 de mayo apuntara a que Silva cometió un delito de revelación de secretos por la difusión de los documentos en varios medios de comunicación a finales del año pasado, cuando la Audiencia Provincial ya había anulado la causa del crédito a Marsans.

SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES

Silva se encuentra actualmente suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el otro procedimiento que tiene abierto en el TSJM por un delito de prevaricación continuada, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso de la Administración de Justicia por su investigación al exbanquero, por el que será juzgado a partir del próximo 7 de julio.

Durante la instrucción de esta última causa, el instructor Jesús Gavilán dedujo testimonio en enero ante los juzgados ordinarios y preguntó a la Fiscalía si la difusión de los correos podía suponer delitos de revelación de secretos y falta en la cadena de custodia de documentos.

A ello, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, contestó que procedía abrir un procedimiento judicial para aclarar estos hechos e identificar a los responsables, puesto que son correos "ilícitamente obtenidos", cuya mera difusión, con independencia de que formen o no parte de un procedimiento, podría tener encaje penal.

En el auto en el que le llamaba a declarar, Polo requería además a Editorial Planeta, responsable de la publicación del libro de Silva "La justicia desahuciada", que le enviara todas las versiones que el autor u otras personas "por su encargo" remitieron a la empresa.

INVESTIGACIÓN

Por último, la magistrada acordaba deducir testimonio al Juzgado Decano de Madrid de las declaraciones prestadas en la investigación del caso por una testigo protegida en relación con los malos tratos psicológicos, vulneración de derechos fundamentales y falsedad documental que el juez Silva cometió presumiblemente al margen del ejercicio de su cargo como magistrado.

En este caso, explica la juez, se trata de "conductas en sus relaciones personales", por lo que la instrucción de las mismas "excede del aforamiento" previsto en la Ley Orgánica del poder Judicial para jueces y magistrados y, por tanto, no es competencia del TSJM.

Silva ha defendido en numerosas ocasiones su inocencia y ha declarado que los procedimientos contra él son "una farsa", al tiempo que ha asegurado que "no es seguro que vaya a haber juicio" porque "una cosa es citar a alguien y otra distinta que pueda haber juicio".