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VALENCIA (EFE/VP). El Ayuntamiento de Valencia aprobará mañana iniciar los trámites para rescindir el contrato del teatro El Musical por incumplimiento por parte del contratista, José Luis Moreno, según consta en el orden del día de la Junta de Gobierno Local.

Propone "iniciar actuaciones en orden a la resolución del contrato para la gestión y explotación del teatro El Musical", que en febrero del año pasado fue adjudicada, para un periodo de cuatro años, a la empresa Crystal Forest SL propiedad del empresario José Luis Moreno.

El grupo municipal Compromís ha indicado en un comunicado que su denuncia sobre los impagos de este establecimiento y la Piscina de Valencia han acabado con esta soliución. La concejal Consol Castillo ha denunciado que en febrero ya denunció el impago del canon de la Piscina de Valencia por parte de la concesionaria desde hace más de tres años.

Igualmente, ha apuntado que en marzo denunció que las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda impedían a Rain Forest cobrar el canon municipal del Teatro el Musical desde julio de 2013.

Según Compromís, también se resolverá el contrato del teatro "debido a que la empresa presenta diferentes reclamaciones por deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que impedían desde el mes de julio de 2013 al Ayuntamiento abonarle a la empresa el canon por la gestión del teatro localizado al barrio del Cabanyal-Canyamelar".

La empresa de José Luis Moreno, según Compromís, presenta un expediente judicial controvertido relacionado con el PP, ya que ha sido imputado en el caso Palma Arena, aparece como donante del en la lista del extesorero Luis Bárcenas y fue condenado el pasado mes de julio por vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores.

Además cuando aterrizó en Valencia, Crystal Forest contrató al exasesor de Eduardo Zaplana, Felipe del Baño, y a la sobrina de Rita Barberà, Toti Corbín Barberá.

"El equipo de Barberá conocía desde hace años las deficiencias de estas empresas sin tomar las medidas oportunas, hasta que Compromís ha denunciado públicamente las deudas con las administraciones y el incumplimiento claro de los respectivos contratos", ha apuntado Castillo.

En opinión de la edil, "no puede ser que Barberá tenga una diferente vara de medir para sancionar a las empresas afines al Partido Popular, respecto al resto de la ciudadanía".

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