MADRID (EFECOM). Además, se han rechazado los vetos presentados por el grupo parlamentario socialista y por varios senadores del grupo mixto y de la Entesa Catalana de Progrés.
Uno de los puntos más criticados durante el debate ha sido que el Ministerio de Economía ejerza el protectorado sobre las fundaciones bancarias cuyo ámbito de actuación principal exceda al de una comunidad autónoma, una medida que fue incorporada gracias a una enmienda presentada por el PP en el Congreso.
En ese sentido, el senador de la Entesa José Montilla ha defendido que la Generalitat de Catalunya dispone de competencias sobre crédito y banca "que son ignoradas".
También ha aludido a ello el senador de CiU Ramón Alturo, que ha señalado que su formación siempre se ha posicionado a favor de la correcta reordenación del sistema financiero español, pero que en esta ocasión iba a abstenerse en la votación de los vetos debido a la citada enmienda del PP.
Por su parte, el senador socialista Joan Lerma ha explicado que su grupo ha presentado un veto a la norma, a la que le hubiera gustado "mucho" apoyar, porque el Ministerio de Economía tiene tendencia a atribuirse competencias, algunas de ellas que "correspondían fundamentalmente a los organismos reguladores".
En su respuesta, el senador del PP José Enrique Fernández de Moya ha dicho que el proyecto de ley es "extraordinariamente respetuoso" con la Constitución y con los estatutos de autonomía, y que reproduce la doctrina del Tribunal Constitucional que apunta que "no puede haber compartimentos estancos en la actividad económica o financiera".
La norma que se ha debatido y votado hoy incorpora los acuerdos internacionales adoptados en respuesta a la crisis financiera de 2008 y con carácter preventivo frente a futuras turbulencias, y está dividida en tres bloques.
Entre las medidas que incluye, destacan la limitación del sueldo variable al 100 % del salario fijo -a no ser que los accionistas autoricen expresamente un máximo del 200 %- y la modificación de la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía, en la que el sector privado perderá su tradicional mayoría.
Además, en cuanto a la solvencia, la novedad de la ley es el establecimiento de los colchones de capital que los supervisores podrán exigir por encima de los requisitos mínimos europeos y que obligarán a las entidades a atesorar más capital.
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