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Como era previsible dado el predominio de los intereses partidarios en el panorama político, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer se saldó con un fracaso. No se puede calificar de otra forma otro acuerdo más, vacío de concreción, como los que están caracterizando la lucha contra la crisis económica en España.

En esta ocasión, los 10.000 millones en recorte de gasto que, a lo que parece, el gobierno ha impuesto a las Comunidades Autónomas quedan como mera declaración de intenciones hasta la presentación de los respectivos planes de reequilibrio fiscal por parte de éstas.

Pero para su presentación, y su contenido, no hay fecha. Ni menos todavía la hay para poner en marcha planes objetivables de eficiencia del gasto de forma que la concreción del gastar menos se acompañe de pruebas contrastables de que las administraciones gastan mejor los recursos de los ciudadanos.

Hasta que estos dos términos de la ecuación no queden despejados, no mejorará la reputación de nuestros gestores base de la confianza de los mercados internacionales en la economía española. Ni la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos.