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¡Faltaría más! Reyal Urbis congela el sueldo a su consejo por 2º año

20/05/2014

MADRID (EP). Reyal Urbis mantendrá sin variación este ejercicio 2014, y por segundo año consecutivo, las retribuciones de su consejo de administración y sus consejeros ejecutivos, "dada la situación concursal" en que está inmersa la inmobiliaria desde hace más de un año.

La compañía que controla y preside Rafael Santamaría tampoco abonará, también por segundo ejercicio, retribución variable alguna con cargo a las cuentas de 2013, que cerraron con una pérdida de 820 millones de euros.

Así consta en la retribución de los consejeros de 2014 que Reyal Urbis someterá a la aprobación de su junta de accionistas, convocada para el próximo 25 de junio.

Según el orden del día de la asamblea, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Reyal propone "no incrementar la retribución de los consejeros aprobadas para el ejercicio 2013, con la reducción aprobada en mayo de este pasado año", por motivo de la situación concursal en que se encuentra la empresa".

De esta forma, cada consejero de Reyal cobrará 4.000 euros brutos por asistencia o delegación a cada reunión del consejo, importe que se eleva a 8.000 euros en el caso del presidente.

RETRIBUCIONES

Los consejeros miembros de alguna comisión del consejo percibirán 2.000 euros por cada reunión a la que asistan.

El consejo de administración de Reyal está integrado por ocho miembros, de los que tres son ejecutivos. Se trata de su presidente, Rafael Santamaría, la hija de éste (Raquel Santamaría) y José Antonio Ruiz García.

La inmobiliaria pagó a su consejo un importe total de 1,89 millones de euros en 2013, cantidad un 13% inferior a la de 2012. De este importe, 1,30 millones de euros corresponden a la remuneración del presidente, monto que arroja una reducción del 14% respecto a un año antes.

EMERGER DEL CONCURSO

Reyal Urbis, que acaba de pactar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 68 trabajadores, más de la mitad de la plantilla, trabaja actualmente en una propuesta de convenio "para lograr un acuerdo con todos sus acreedores a la mayor brevedad posible".

De esta forma, lograría emerger del proceso concursal en el que está inmersa desde abril de 2013, con un agujero patrimonial cifrado entonces en de 1.700 millones de euros.

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