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MADRID (EP). Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que use todos los recursos que tiene a su disposición para aclarar las responsabilidades profesionales, económicas o penales de los directivos de las entidades financieras que tuvieron que ser rescatadas, así como que revise las indemnizaciones, pensiones y blindajes que han cobrado estas personas desde 2008.

En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, la formación magenta afirma que los españoles "no entienden que unos hechos tan graves y de consecuencias tan terribles como los sucedidos en las cajas de ahorros no hayan conllevado una clara exigencia de responsabilidades". "La negativa a crear una comisión de investigación ha reforzado esa sensación de impunidad", añade.

Y es que los culpables del hundimiento de las cajas no sólo no han tenido que hacer frente a sus responsabilidades, sino que han "disfrutado de salarios desproporcionados, viajes exóticos y créditos en condiciones ventajosas" y además "han recibido indemnizaciones y prejubilaciones multimillonarias", como ha sucedido en los casos por ejemplo de NCG Banco o Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre otras, lo que "resulta socialmente escandaloso".

De hecho, UPyD cifra en unos 130 millones de euros las cantidades repartidas entre los 25 directivos de las principales cajas nacionalizadas, a los que hay que sumar las "cuantiosas retribuciones" que también han recibido en concepto de jubilaciones.

61.000 MILLONES DE RESCATE

Frente a eso, contrastan los 61.000 millones de euros de fondos públicos que se han inyectado en las entidades para mejorar su solvencia, a los que aún pueden tener que sumarse hasta 36.000 millones más por los esquemas de protección de activos. La cantidad que se podrá recuperar aún debe determinarse.

Y no son sólo los contribuyentes los que han resultado perjudicados por esta situación, sino también los trabajadores de las entidades, 40.000 de los cuales se han quedado en el paro, o los preferentistas, que han perdido unos 8.000 millones de euros de sus inversiones por la estafa en la comercialización de estos productos.

Por todas estas razones, la formación que lidera Rosa Díez cree que el Gobierno debe hacer "uso de todos los instrumentos a su alcance" para "exigir las responsabilidades profesionales, económicas o penales" a los causantes del "deterioro de los balances y de la ocultación de los problemas en las entidades financieras que han tenido que ser rescatadas a costa del contribuyente".

Pero, además, UPyD reclama también al Ejecutivo que en un mes proponga cambios legales para "revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, percibidas o pendientes de percibir por los administradores o cargos directivos" de las entidades rescatadas, incluyendo las ya cobradas con posterioridad al 1 de enero de 2008, para "impedir su materialización o recuperar la cuantía cobrada".