CUENCA (EFECOM).- El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, ha asegurado que antes de concluir el primer semestre de este año se aprobarán las condiciones para otorgar licencias a nuevos operadores en el transporte ferroviario de viajeros.
En rueda de prensa hoy en Cuenca, a preguntas de los periodistas, Catalá ha señalado que aún tienen que decidir qué modelo de liberalización implantan y si se hace de forma gradual o amplia "en todas las líneas o en algún corredor concreto".
Catalá ha recordado que en Europa se está trabajando en el denominado "cuarto paquete" ferroviario, avanzando en la liberalización, y que el Gobierno de España "cree en la competencia, en los mercados abiertos".
El número dos del Ministerio de Fomento ha defendido que la competencia en un sector como el ferroviario, que mueve 400 millones de viajeros, crea empleo y da nuevas oportunidades a los ciudadanos.
Ha recordado también que el proceso se inició el año pasado en el subsector de los trenes turísticos y que esperan dar un paso más antes de acabar el primer semestre del año.
Catalá ha defendido también el papel que ha hecho RENFE, especialmente en cuanto a la política de precios, y ha considerado que desde el Gobierno se ha conseguido "poner el AVE a disposición de los ciudadanos, que no sea un producto elitista y que las familias puedan viajar en tren de Alta Velocidad".
El secretario de Estado no ha querido dar fechas sobre la llegada del AVE a Murcia, aunque sí ha recordado que el compromiso es que se produzca en el año 2015 y llegar, también, a "algunas zonas de Castilla y León que ahora no tienen conexión de Alta Velocidad".
Por otra parte, Catalá ha señalado que siguen trabajando en una solución para las nueve autopistas de peaje en quiebra para que "no cueste un euro al bolsillo de los españoles".
Ha afirmado que siguen centrados en la creación de una sociedad que pueda renegociar a 30 años la deuda que estas autopistas tienen con los bancos y permita que superen la crisis actual y rentabilizar los ingresos que tendrán en el futuro.
Catalá ha reconocido que es una solución muy compleja porque se tiene que poner de acuerdo a bancos, sociedades concesionarias y acreedores, pero que el Gobierno trabaja, ha insistido, en que "no suponga un coste para los ciudadanos".
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