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MADRID (EFECOM).- Las entidades financieras han acogido con prudencia y resignación el plan propuesto por el Ejecutivo para dar viabilidad a las autopistas de peaje con una situación financiera complicada, un esquema que la patronal de las concesionarias considera excesiva y que la oposición desaprueba.

A la espera de que el próximo lunes haya una respuesta de las partes implicadas a la propuesta del Ministerio de Fomento y el de Hacienda, algunos bancos han advertido de que la opción planteada supone volatilizar mucho dinero a pesar de reconocer que se trata de la alternativa menos mala de otras que se habían barajado inicialmente.

Otras entidades consideran que al menos se ha propuesto una solución a un problema que lleva coleando cerca de dos años, un planteamiento que tienen que estudiar detenidamente antes del lunes, según señalan a EFE fuentes cercanas a la negociación.

Y a otras les ha parecido bien la oferta del Gobierno, que contempla crear una sociedad de capital 100 % público para aglutinar a las 9 concesionarias con problemas o aplicar a los bancos una quita del 50 % en la deuda que soportan por estas inversiones y que asciende a 4.600 millones de euros.

El presidente del Banco Sabadell ha reclamado que la oferta del Gobierno sea "lo suficientemente clara" y que no haya riesgos adicionales al margen de la quita que se acuerde.

En la reunión mantenida ayer con las concesionarias de autopistas, integradas en Seopan, y la banca, el Gobierno también avanzó su intención de crear un fondo de titulización para emitir bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 %, porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías.

Desde Seopan subrayan que la quita planteada es excesiva y advierten del escaso margen de negociación.

Las reacciones a la propuesta no se han hecho esperar. El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Joaquín Almunia ha pedido a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que informe al Ejecutivo comunitario antes de tomar una decisión sobre el rescate de las autopistas.

Desde el PSOE, solicitan la comparecencia de Pastor y aseguran que en un contexto de crisis es insoportable e injusto plantearse un rescate público de las autopistas, cuya planificación responde a una falta de planificación.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, reconoce que la vía planteada no parece "una de las mejores soluciones posibles", mientras que UPyD cree que una quita del 50 % merma la imagen del país y la seguridad en las inversiones.

Dos años después de que la autopista de peaje AP-41 que une Madrid con Toledo protagonizase el primer concurso de acreedores, la solución podría estar más cerca.

La constitución de esta sociedad agregaría al 22 % de la red total de peaje y se interpreta como la mejor solución para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el déficit público y evitar la declaración de ayuda de Estado.

Inicialmente el Gobierno había planteado la creación de una sociedad con participación pública y privada.

En función de esta idea inicial, el valor de estas concesiones representaría el 20 % del capital de la empresa, mientras que el 80 % restante estaría controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que en un primer momento no gustó a las concesionarias, que llegaron a pedir un 49 %.

En el marco de las negociaciones, el Gobierno aprobó cambios para minorar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en aquellos supuestos en los que el Estado se veía obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria en concurso.

También se dejaba abierta la posibilidad de liquidar las concesionarias, una alternativa que según Seopan podría tener un coste de 5.000 millones y derivar en una batalla legal.

Además, hay que añadir que las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales. Todo ello unido al incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable.