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VALENCIA. Los productores valencianos quieren que el Consell aplique en la Comunidad Valenciana la misma tasa a las empresas de telecomunicaciones que está a punto de poner en marcha Cataluña. Así lo han asegurado fuentes del sector que explicaron que los principales representantes de la producción, que se hallan estos días en Málaga con motivo del festival de cine, quieren pedir una reunión con la consellera de Cultura, María José Català, para tratar cómo se puede implementar un impuesto autonómico por cada conexión a Internet en la Comunidad.

El conseller de Cultura de la Generalitat catalana, Ferran Mascarell, anunció en noviembre de 2013 que su departamento estaba ultimando la implantación de un impuesto para las compañías que ofrecen Internet con el objetivo de destinar la recaudación a la producción audiovisual de esta comunidad. Los productores valencianos consideran que sería una medida justa, ya que consideran que los principales beneficiarios de la existencia de la piratería son las empresas que ofertan el servicio, "y a precios indignos, los más elevados de Europa", añadieron.

Del mismo modo, estiman que son estas compañías las que deben abonar el coste de dicha tasa que no superaría "en ningún caso" los 25 céntimos al mes por conexión a internet y que "nunca" debe revertir sobre el consumidor. La propuesta que presentarán a la consellera irá muy en la línea de la ley catalana que se espera esté concluida para verano. De hecho, en la asociación de productores valencianos disponen ya una copia del borrador catalán que están analizando para poder articular un discurso argumentado cuando se reúnan con Català.

Entre los productores valencianos la principal preocupación es que la tasa acabe repercutiendo en los usuarios, como pasó por ejemplo con el canon por copia privada. De hecho, insisten,  el nuevo impuesto sobre la provisión de contenidos en redes tiene que ser abonado por estas empresas, y así servir para dotar de fondos a las ayudas al sector audiovisual en la Comunidad Valenciana. En la asociación de productores incluso no verían con malos ojos que esta tasa también revertiera sobre otras industrias culturales.

La gestión, recaudación, comprobación e inspección del impuesto correspondería a la Conselleria de Hacienda, que es la que tendrá que analizar junto con Cultura la propuesta lanzada por los productores. Todavía no hay una estimación de cuanto supondrá esto para la Generalitat, pero desde el sector apuntan que podría ser una cifra equivalente al plan estratégico con el añadido de que no perjudicaría a otras líneas presupuestarias de la administración valenciana. En el caso catalán, la estimación que maneja el Govern de Artur Mas es que el nuevo impuesto aportará más de 20 millones de euros a las arcas públicas.

En contra de la medida están las empresas de telecomunicaciones, que consideran que la medida es injusta y arbitraria ya que supondrá imponer a todos los ciudadanos la responsabilidad de la piratería. Así Ametic, la patronal que agrupa a los operadores y fabricantes tecnológicos, ya contestó a finales de enero que "iniciarán acciones legales" en el ámbito autonómico, nacional y europeo, con el fin de anular la medida.

Con todo, la experiencia advierte que las grandes compañías de telecomunicaciones tienen las de perder, como ya sucedió cuando las operadoras francesas denunciaron ante la justicia europea el canon que debían abonar para financiar la televisión pública. En junio de 2013 el Tribunal de Justicia europeo sentenció a favor de la tasa. El fallo fue inapelable.

Para los productores el elemento clave de este debate es que se consiga articular un protocolo que impida que el coste de este canon perjudique a los ciudadanos, para que sea abonado íntegramente por las compañías de telecomunicaciones. Así, un productor apuntó: "En estos años todos los ciudadanos nos hemos ajustado el cinturón; va siendo hora de que las grandes empresas de telecomunicaciones se lo ajusten también y arrimen el hombro".