El presidente se la juega a una sola ley, la de Economía Sostenible, aprobada este viernes en Consejo de Ministros, y ya criticado desde la oposición 

 -Y el lunes toca pacto con las CCAA para reducir el déficit

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MADRID (VP/EP). El texto definitivo del Proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros incorpora un gran número de aportaciones realizadas en la fase de consulta pública por multitud de organismos y entidades de la sociedad civil, desde agentes sociales, hasta Comunidades Autónomas y Entes Locales, pasando por una amplísima relación de órganos consultivos, y en especial el Consejo de Estado.

Entre los principales ejes de la norma, se encuentran la mejora del entorno económico, que concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de las empresas y la economía españolas. Como aspectos más destacados, se regula el principio de buenas prácticas en las administraciones públicas y se establece la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas.

Aborda también la reforma de los organismos reguladores de carácter económico; incluye medidas de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores; contiene medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector; fomenta la disciplina presupuestaria de las entidades locales, estableciendo controles periódicos de la ejecución presupuestaria. En el proyecto aprobado hoy se impulsa la eficiencia en la contratación pública y la colaboración público-privada, y se promueve la responsabilidad social de las empresas.

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

En relación con el eje sobre mejora de la competitividad, la Ley continúa el esfuerzo de remoción de obstáculos administrativos iniciado con las normas de transposición de la Directiva de Servicios. Impulsa tres ejes fundamentales en la competitividad de los agentes económicos: el desarrollo de la Sociedad de la Información, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la formación de los trabajadores, con especial atención al sistema de Formación Profesional.

Incorpora medidas de simplificación administrativa; se reforma la actividad catastral mejorando su coordinación con el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramitación; se profundiza el impulso a la Sociedad de la Información; contiene medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovación y muy especialmente a su vinculación con la actividad empresarial; se lleva a cabo una profunda reforma de la Formación Profesional (facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, ampliar la oferta de formación profesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación de las administraciones educativas), y se incluyen también medidas de lucha contra la morosidad, destinadas a reducir los plazos de pago tanto en las operaciones comerciales como en los contratos con las administraciones públicas.

En cuanto al tercer eje, sobre sostenibilidad ambiental, se impulsa la sostenibilidad del modelo energético y de manera que se recogen los grandes principios aplicables en la materia, esto es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente, y se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20 por 100 de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20 por 100 de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020.

Igualmente, en la lucha por la reducción de gases de efecto invernadero se impulsa el incremento en la capacidad de absorción por sumideros, en particular, los vinculados al uso forestal; la compensación voluntaria de emisiones de CO2, en sectores que deben reducirlas y no están sujetos al comercio de derechos de emisión y, también, la constitución de un fondo público para adquirir créditos de carbono, obtenidos por empresas españolas y para impulsar su actividad en sectores asociados a la lucha contra el cambio climático, mejorando además el régimen fiscal de deducción de los gastos efectuados en inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

Se promueve la transformación del sector del transporte para incrementar su eficiencia económica y medioambiental y la competitividad en el mismo, y se impulsa la reorientación de la política de vivienda para fomentar el alquiler (se modifica la deducción por inversión en vivienda habitual del IRPF, que sólo será aplicable a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.170,20 euros anuales y se modifica también la deducción por alquiler de vivienda habitual).

"MÁXIMA VOLUNTAD DE CONSENSO"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este proyecto de ley, enmarcado en la estrategia de economía sostenible, es "ambicioso" y significa ser "más innovadores" y más "competitivos". Es una ley, a su juicio, para el "presente y el futuro", al tiempo que expresó la "máxima voluntad de consenso" del Gobierno en torno a esta norma durante su debate en el Parlamento de la Nación.

Zapatero recalcó que el objetivo fundamental es cambiar el modelo productivo, apuntando que no se puede depender tanto de la construcción de nuevas viviendas ni de la ocupación del suelo ni mucho menos de la especulación urbanística, e hizo una apuesta por la rehabilitación. A su juicio, es funda ental impulsar los sectores innovadores y competitivos donde tenemos capacidad de liderazgo en España y que deben ampliarse en número y crecer en tamaño. Habló de sectores como el de la biotecnología, automóvil o el aeronáutico.

"Es una ley para el presente y el futuro, que debe contribuir a la recuperación económica y a volver a la senda de la creación de empleo", según el presidente, quien quiso dejar claro que el Gobierno remite este proyecto de Ley al Parlamento de la Nación "con la máxima voluntad de consenso". 

Según el Gobierno, la citada ley, que inicia a partir de ahora su trámite parlamentario, se articula a través de medidas horizontales que se aplican tanto a agentes públicos como privados y nace con un doble objetivo fundamental: mejorar la posición de salida de la crisis económica, y reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental, reforzando al mismo tiempo los elementos más sólidos y estables de nuestros modelo productivo.