MADRID (EP). El consejo de administración de Iberdrola propondrá a la Junta General de accionistas, que se celebrará el próximo 28 de marzo, una remuneración total con cargo al ejercicio 2013 en torno a 0,27 euros por acción, informó la compañía.
El abono de esta retribución al accionista supone así una rebaja del 11% con respecto al dividendo total de 0,305 euros abonado con cargo al ejercicio anterior.
Ya el pasado mes de octubre, Iberdrola indicó que el impacto regulatorio de 1.010 millones de euros en sus resultados le obligaría a reducir la retribución al accionista, fijando el 'pay out' (la parte del beneficio que destina a dividendo) entre el 65 y el 75%, en línea con el de las compañías con un perfil de negocio similar.
Así, en la Junta se propondrá la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013, que contempla el reparto de un dividendo en efectivo de 0,03 euros brutos por acción y la puesta en marcha del programa 'Iberdrola Dividendo Flexible'.
AUMENTOS DE CAPITAL
Entre los puntos del orden del día figura la aprobación de dos aumentos de capital social liberados para implementar el programa 'Iberdrola Dividendo Flexible'.
El primero de ellos por un valor de mercado de referencia máximo de 782 millones de euros -correspondiente al mes de julio de 2014- y el segundo por un importe de hasta 897 millones de euros -correspondiente al mes de enero de 2015-, para la asignación gratuita de nuevos títulos a los accionistas.
Este dividendo en efectivo, junto con la ejecución del programa dividendo flexible del pasado mes de enero (equivalente a 0,126 euros por título) y la prevista para el próximo mes de julio, elevarán la remuneración total con cargo a 2013 a esos 0,27 euros por acción.
Asimismo, el grupo energético propondrá a la Junta la aprobación de una reducción del capital social de, aproximadamente, el 2,09%, que se llevará a cabo mediante la amortización de alrededor de 91,3 millones de acciones propias en cartera de Iberdrola, representativas del 1,43% del capital, y mediante la adquisición de un máximo de 42,2 millones de títulos de la Sociedad, representativos del 0,66% del capital, a través de un programa de recompra para su amortización.
BENEFICIO POR ACCIÓN
La compañía destacó que la aprobación de esta propuesta supondrá "un beneficio para todos los accionistas, pues contribuye al mantenimiento del beneficio por acción (BPA)".
En la Junta General de accionistas, que contará con una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por título a los accionistas presentes o representados, se someterá también a ratificación el nombramiento por cooptación de Georgina Kessel, con la calificación de consejera externa independiente, y la renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias por un nuevo plazo de cinco años.
BONO ESTRATÉGICO PARA DIRECTIVOS
Además, se someterá a los accionistas la aprobación de un 'bono estratégico' dirigido a los consejeros ejecutivos, los altos directivos y demás personal directivo, vinculado al desempeño de la sociedad en relación con determinados parámetros establecidos para el período 2014-2016, y a liquidar mediante la entrega de acciones de la sociedad.
A este respecto, se solicitará delegación en el consejo de administración de las facultades para implementar, ejecutar y liquidar dicho bono.
SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO
En el marco de la estrategia de Iberdrola de adaptar su vigente sistema de gobierno corporativo a las novedades legislativas y cumplir los estándares más elevados en materia de buenas prácticas, el consejo de administración ha acordado modificar, entre otros asuntos, la política de retribuciones de los consejeros y de los altos directivos, la política de dividendo y la de autocartera, el reglamento interno de conducta en los mercados de valores y el código de separación de actividades de las sociedades del grupo con actividades reguladas en España.
Asimismo, se votará la modificación del artículo de los estatutos sociales referente a la introducción de mejoras técnicas en su redacción y del artículo 44.3 para fijar en cuatro años el plazo máximo de duración del cargo de presidente de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo.
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