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VALENCIA. Menores de edad, jubilados, personas de edad avanzada e incluso limitadas en sus capacidades como consecuencia de alguna enfermedad...

Personas sin estudios, pequeños ahorradores, todos ellos -sin saberlo- convertidos en cofinanciadores de entidades de crédito. Accionistas sin derecho alguno de participación en los órganos sociales de la entidad emisora, que hoy se encuentran a la espera de un procedimiento arbitral o judicial para la recuperación de sus ahorros...

Sólo algunos de ellos, como consecuencia del ascenso bursátil de Bankia producido en los últimos días, podrán hoy recuperar en parte su inversión inicial sin necesidad de someterse a un proceso judicial, siempre y cuando hayan conservado las acciones que les dieron en canje el pasado año. Otros, la mayoría, tendrán que esperar al resultado del procedimiento arbitral o judicial que en su caso hayan iniciado.

Por suerte, hasta el momento, el 80% de las demandas judiciales interpuestas están siendo estimadas con devolución a los afectados de la totalidad de la inversión realizada. En su defensa ante los tribunales, las entidades financieras niegan la prestación de un servicio de asesoramiento a los clientes, posicionándose como meras mandatarias y depositarias de los productos adquiridos, alegando que se limitaban a cumplir las órdenes de inversión recibidas.

Sin embargo, resulta muy extraño pensar que una persona ya jubilada, de edad avanzada y con pequeños ahorros, o personas que no tienen un historial inversor previo, acudan motu propio a la sucursal de su entidad bancaria.

RECOMENDACIÓN

Y allí soliciten, sin más, la tramitación de una orden de compra de un producto de las características de las participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, sin que dichos productos le hayan sido ofrecidos y recomendados por el personal de su oficina.

De hecho, tal y como ha declarado el Juzgado de Primera Instancia nº 97 de Madrid, difícilmente puede sostenerse que se estuviese ante una mera labor de comercialización, cuando realmente sí que ha existido verdadera recomendación y asesoramiento individualizado. En definitiva, las entidades financieras inducían a la adquisición de dichos productos.

NI IDÓNEO NI CONVENIENTE

Resulta evidente, por tanto, que por parte de los directores de las sucursales se ofreció y aconsejó la adquisición de preferentes de forma masiva a clientes minoristas, de perfil conservador, con pequeños ahorros y escasos conocimientos financieros, incumpliendo gravemente con sus obligaciones de información, diligencia, transparencia y protección de los intereses del cliente exigidas por la normativa MIFID, pues la adquisición de dichos productos, en la inmensa mayoría de los supuestos, ni resultaba idónea ni era conveniente.

Los propios directores de oficina ofrecieron a sus clientes de toda la vida -cuyo perfil conservador de sobra conocían- la adquisición de los citados productos, omitiendo información esencial sobre sus verdaderas características y riesgos, anteponiendo sus propios intereses (objetivos, bonus) y los de la entidad, en detrimento de los de sus clientes.

Las entidades financieras pretenden ahora probar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada normativa MIFID mediante la aportación de escuetos formularios de 4 ó 5 preguntas.

MANIPULACIÓN

En la mayoría de ocasiones ni siquiera eran cumplimentados de la mano del cliente sino automáticamente por la propia entidad el mismo día de la compra de las preferentes.

La realidad es que a través de dichos formularios simplemente se obtenía una mínima información sobre el cliente, que en muchas ocasiones ni siquiera era cierta, pues el test se manipulaba con el fin de obtener un resultado positivo y firmar la tan deseada venta; mientras que en otras muchas (la mayoría), aun resultando negativo, se recomendaba al cliente la adquisición del producto. En fin, un mero formalismo cuyo objetivo era aparentar el cumplimiento de una normativa a todas luces incumplida.

Como letrados hemos podido defender verdaderos casos de clientes que, tras haber recibido ina información incompleta y engañosa, suscribieron dichos productos considerando que sus ahorros (los cuales han perdido en su integridad) se encontraban seguros porque así se lo había garantizado el personal de su oficina.

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Marisa Lázaro Aznar es abogada de EFE & ENE