MADRID/VALENCIA (EP). El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido finalmente publicar las balanzas fiscales, que formarán parte de las nuevas cuentas públicas regionalizadas anunciadas por el ministro Cristóbal Montoro y encargadas a un grupo de expertos.
Después de rechazar este método de cálculo de los ingresos y gastos del Estado en una comunidad, Hacienda ha decidido que se realicen de nuevo y formen parte del trabajo que están preparando los académicos y que se conocerá en el mes de marzo.
Cristóbal Montoro ha anunciado la presentación de una nueva herramienta más amplia que las llamada balanzas fiscales, que imputan territorialmente los ingresos que el sector público obtiene en un territorio y los gastos que efectúa en el mismo, calculando de este modo el saldo fiscal resultante.
La intención de Hacienda es ofrecer una fotografía mayor del gasto del Estado en el conjunto de los territorios, pero dentro de este nuevo trabajo se incluirán las balanzas fiscales. Se trata de una reclamación reiterada de la Generalitat de Cataluña, a la que sin embargo se han sumado también otros gobiernos autonómicos como el balear, gobernado por el PP.
Por su parte, el Gobierno valenciano se pronunció el pasado viernes sobre esta posibilidad, a través de su vicepresidente y portavoz, José Císcar, quien señaló que la Generalitat no tiene "ningún problema en se publiquen las balanzas fiscales". "Cuantos más estudios sobre el modelo de financiación salgan a la luz y se hagan mejor para nosotros, porque más va a reforzar nuestra posición", aseveró.
Además de contar con el grupo de expertos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quiere recabar la opinión de la comunidad académica sobre la metodología de cálculo de estas cuentas regionalizadas. Y desde hoy, está disponible en la página web del Instituto de Estudios Fiscales el documento con la propuesta metodológica y los datos que se utilizarán para el cálculo del sistema de cuentas públicas territorializadas.
MADRID, CATALUÑA Y ANDALUCÍA, A LA CABEZA
Según estas cifras, a las que ha tenido acceso Europa Press, la Administración General del Estado gastó en 2011 en la Comunidad de Madrid un total de 11.500 millones de euros, en Cataluña fueron 8.114 millones y en Andalucía, 7.500, las tres con mayores cifras en términos absolutos según los datos recopilados por los expertos.
Se trata de una tabla en la que se refleja el destino de 212.600 millones de euros de la Administración General del Estado, repartidos por comunidades autónomas, el extranjero (15.166 millones) y una gran partida de gasto calificado de no regionalizable, que es la mayor de todas y asciende a 116.800 millones.
Por comunidades, las tres en las que más gasto del Estado se refleja fueron Madrid, Cataluña y Andalucía, en términos absolutos. Les siguieron Galicia, 4.037,6 millones; Castilla y León, 3.216,7; Comunitat Valenciana, con 3.194 millones; Canarias, 2.283,7; Castilla-La Mancha, 1.894,9 millones; Aragón, 1.781,8; Extremadura, 1.489,4; Islas Baleares, 1.205,3 millones; Asturias, 1.105,6 millones; Murcia, 1.065,1; Cantabria, 734 millones; Euskadi, 717,8 millones; La Rioja, 429,2; Ceuta, 266,4; Melilla, 243 millones; y Navarra, 121.
Las cuentas, una foto fija de gasto correspondiente a 2011, ocupan una tabla con 5.380 entradas, que recogen el gasto desde la casa del Rey hasta la última transferencia derivada del sistema de financiación autonómica y local, incluyendo todos los ministerios. En otras tablas, se incluyen también los gastos regionalizados de los organismos autónomos (como la UNED, el CSIC, museos nacionales o el Consejo de la Juventud).
«Si els ingressos fiscals que es generen al País Valencià són molt superiors a les despeses públiques que s’hi realitzen, cal que estudiem l’alternativa que la hisenda valenciana recapte tots els impostos dels valencians i aporte a l’Estat una part per a atendre les despeses de les competències exclusives de l’administració central i la part necessària per al manteniment de la solidaritat interterritorial . Aquesta nova relació fiscal que plantegem amb l’administració central es basa en el sistema del concert de què disposa el País Basc o en el conveni de Navarra.» Rafael Beneyto
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