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MADRID (VP/EP). El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha presentado su dimisión tras la decisión del Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar de la privatización sanitaria. Javier Rodríguez Rodríguez, médico y profesor de la Complutense y hasta ahora portavoz de Sanidad en el parlamento madrileño, será el nuevo consejero.
Así lo ha explicado el presidente de la Comunidad de Madrid, José Ignacio González, en una rueda de prensa convocada urgentemente en la Real Casa de Correos, donde González ha anunciado que deja "sin efectos" la externalización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso.
Fernández-Lasquetty ha presentado su dimisión tras asumir su postura como impulsor de la externalización de seis hospitales y por lo tanto las responsabilidaes que conlleva el haber realizado este proceso. "He decidido dejar el cargo de consejero porque yo fui quien propuse este proyecto, lo puse en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible", ha señalado Lasquetty. "Me marcho por rectitud y sentido de la responsabilidad".
"El señor Fernández-Lasquetty ha sido un consejero de Sanidad excelente. Ha hecho un magnífico trabajo con el único objetivo que siempre nos ha animado al Gobierno de la Comunidad de Madrid y nos sigue animando, que es mantener nuestro sistema público de salud, universal, gratuito y de la máxima calidad", ha señalado González. El presidente ha defendido que el trabajo de Lasquetty ha permitido sostener el sistema a pesar de las dificultades económicas y mantener una extraordinaria sanidad pública madrileña.
"Gracias a esa gestión absolutamente delicada, absolutamente excelente, hemos podido, en un año de enormes dificultades, poder seguir manteniendo esa sanidad, todos sus servicios, atendiendo extraordinariamente bien a los ciudadanos y garantizando la sostenibilidad del sistema", ha destacado González.
El presidente ha avanzado que Lasquetty será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño.
Sobre el parlamentario, ha relatado que es doctor en Medicina, catedrático de la Universidad Complutense (UCM) con una "dilatadísima experiencia del sector público madrileño, donde ha desempeñado su trabajo", y con "una extraordinaria experiencia política".
El cambio de postura de la Comunidad se ha producido horas después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM haya decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación".
Entre otros motivos, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".
Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".
Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su político sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".
Con la decisión de la Sección Tercera, el tribunal mantiene la medida cautelar que decretó la sección tercera de la Sala a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.
Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicataria el 5 por ciento del importe del contrato al 5 por ciento anual.
El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.
En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.
El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.
Lasquetty (y el resto de desmanteladores del estado del bienestar) debería estar encausado por prevaricación y a la espera de juicio al repartir deshonestamente y contra los intereses de todos los ciudadanos las joyas de la corona sanitaria (hospitales pagados con los impuestos de todos los madrileños, muchos de ellos recién estrenados y llenos de verdaderos y muy competentes profesionales sanitarios, para los que se han invertido en su formación cientos de millones de euros del erario público) entre los tiburones financieros de oscuros fondos de inversión radicados en paraísos fiscales de medio mundo.
Allí por lo menos dimiten; aquí se hubiera reunido el Gobierno Valenciano esta misma tarde para dictar un decreto ley ordenando el inmediato cierre de los hospitales. ¿Y si la privatización no es buena para los madrileños, por qué la aplicamos aquí?
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