VALENCIAPLAZA.COM. 23/01/2014 El Congreso ha convalidado hoy gracias a los votos del PP el real decreto por el que conceptos retributivos como los vales de comida o los pluses de transporte pasan a cotizar a la Seguridad Social, al tiempo que se fomenta el empleo a tiempo parcial como vía de creación de puestos de trabajo

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MADRID (EFECOM). La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha sido la encargada de defender una norma que ha recibido el voto en contra de todos los grupos de la oposición por -a su juicio- poner en peligro puestos de trabajo e introducir más precariedad, todo ello sin dialogar previamente con los interlocutores sociales.

Por ello han pedido, sin éxito, que el texto (que a juicio de algunos diputados está destinado a "maquillar" las estadísticas de paro a través del empleo parcial) se tramite como proyecto de ley, lo que hubiera permitido introducir alguna modificación en el mismo. En total, el real decreto ha recibido 176 votos a favor y 132 en contra.

Aunque en un primer momento pasó desapercibida, la disposición más polémica que introduce la norma aprobada el pasado 20 de diciembre es la eliminación de exenciones de cotización a la Seguridad Social de determinados conceptos retributivos (aportaciones a planes de pensiones, cheques restaurante, servicio de guardería o seguro médico).

Según ha defendido hoy Báñez "con esta medida ganan todos", ya que los trabajadores tendrán mayores prestaciones presentes y futuras y los empresarios, a través de una mayor "transparencia retributiva", una mejor competencia.

Pero lo más importante, ha destacado Báñez, es que la Seguridad Social verá reforzada su sostenibilidad (se esperan ingresar, junto a otras modificaciones, mil millones adicionales).

La ministra ha lanzado un especial mensaje a los empresarios, que han criticado esta medida con dureza, al afirmar que "somos conscientes del esfuerzo que hacen cada día" y asegurar que siempre "han ido de la mano" del Ministerio, además de recordar medidas a su favor que se han adoptado como facilitar los aplazamientos en los pagos a la Seguridad Social.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que el Ejecutivo va a ampliar dos meses, hasta el 31 de mayo, el plazo fijado para que las empresas puedan regularizar las nóminas de sus trabajadores de acuerdo con estas novedades.

En lo que se refiere al grueso del decreto, Báñez ha asegurado que la reforma trata de "derribar barreras a través de la flexibilidad", y ha recordado que los contratos a tiempo parcial en España son un 14 %, por debajo del 20 % de media europea.

La diputada del PSOE María Concepción Gutiérrez del Castillo, ha asegurado que esta "tercera reforma laboral" ahonda en la "precariedad del mercado laboral" con "productos contractuales tóxicos", ya que desregula la jornada y hace temer el incumplimiento de muchos convenios colectivos.

Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano ha alegado que un aumento de cotizaciones sociales en momento recesivo "no tiene sentido" y es el "peor momento" para las pymes y los empresarios, además de que el texto atenta contra los derechos de las mujeres, grueso de las contratadas a tiempo parcial.

Al respecto, el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela ha dicho que es "una barbaridad" por ejemplo reducir el preaviso de siete a tres días para ampliar la jornada un 30 %, hasta el 60 % por convenio, y ha destacado que el Gobierno ha conseguido "la cuadratura del círculo" al "cabrear a todo el mundo".

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha alertado del peligro de sustitución de empleos a tiempo completo de calidad por un empleo precario en el que, entre otras cosas, se permite el "despido libre" el primer año de prueba, todo ello con la "única ventaja" de maquillar las cifras de paro.

Para Joan Tardá (ERC), se trata de un "modelo asiatizador de las relaciones laborales", que añade como "verdadera ocurrencia" aumentar las cotizaciones sociales, una medida que "en otra coyuntura, quizá sí", pero ahora no toca.

Según el diputado de Compromís Joan Baldoví, esta ley podría denominarse como "real decreto para favorecer la inestabilidad y la precariedad en el empleo y empeorar las condiciones de vida de los trabajadores", con medidas como ampliar negocio de "empresas parásitas que se lucran del trabajo ajeno, las ETT".

La jornada laboral en el contrato a tiempo parcial con carácter indefinido podrá aumentar hasta un 90 % si se pacta en convenio colectivo, siempre que el trabajador esté contratado al menos 10 horas semanales de promedio anual.

Prohíbe además la realización de horas extraordinarias, pero permite ampliar la jornada a través de horas complementarias, que pueden ser pactadas y voluntarias.