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VALENCIA. La cesión en los años cincuenta y sesenta de 255 pinturas del San Pío V a la orden de la Merced se ha convertido en una bola de nieve que no deja de crecer. Las pinturas fueron trasladadas al Monasterio del Puig y la Iglesia de Santa María de la misma localidad entre 1954 y 1965. 18 de ellas, además, fueron depositadas a posteriori en la Iglesia de la Merced de Valencia sin comunicárselo al centro. 

Desde hace más de tres años los técnicos del Museo de Bellas Artes han elevado informes, primero a la dirección general de Patrimonio y después a la directora del museo, Paz Olmos, en los que se hacía hincapié en el estado deficiente de conservación de estas pinturas. Ante su inacción, el sindicato UGT decidió tomar cartas en el asunto y llevó a Olmos a los tribunales, quien ha estado imputada y ha sido investigada por la Justicia por un presunto delito contra el Patrimonio.

Desde la Conselleria de Cultura descargaron ayer de culpa a Olmos y aunque admitieron que su respuesta no había sido la más celérica (disponía de los informes desde 2010, cuando aún era directora de Patrimonio), insistieron en el hecho de que no había sido ella quien precisamente había cedido las obras a la orden. "Le han retirado la imputación", afirmaban.

Es más, ése ha sido el principal obstáculo con el que se ha encontrado el patronato del San Pío V para reclamar las pinturas: la orden la dio un Ministerio de Cultura; en tiempos de Franco, sí, pero Ministerio, y según la Ley sólo un órgano del mismo nivel puede revocar esa orden y reclamar que se devuelven las pinturas. Ante eso, tanto Olmos como sus antecesores estaban atados de pies y manos.

SIN MEDIDAS, SIN DESCRIPCIONES 

Las 255 obras, según consta en un informe interno del propio museo al que ha tenido acceso Valenciaplaza.com, han estado perdidas en un mar de burocracia legal. Las órdenes ministeriales se dictaron en los años 1954, 1958, 1963 y 1965, todas "con graves deficiencias documentales", según los técnicos. "Los papeles [de la cesión] son un desastre", explicaba ayer uno de ellos; "sin medidas, sin descripciones o con referencias tipo 'un santo', 'una virgen'..."

El desbarajuste es completo. Hay catorce pinturas que nadie sabe dónde están. Hay doce obras que están en el Monasterio del Puig pero que no constan que fueran cedidas, entre ellas una del renacentista Nicolás Borrás (1530- 1610), una del barroco Pablo Pontons (1630-1691) y una del decimonónico Antonio Cortina Farinós (1841-1890). "Ha sido un cachondeo", se lamentan desde UGT; "los mercedarios han hecho con los cuadros lo que han querido".

El principal problema que se deriva de esta desidia es que no se sabe el verdadero valor de las obras cedidas. Así, que tengan constancia en el museo, los mercedarios se hicieron con el depósito de destacables pinturas del alicantino Jerómino Jacinto de Espinosa (1600-1667), del conquense Gaspar de la Huerta (1645-1714), e incluso con una copia del XVII de un cuadro de Caravaggio, el 'Santo Entierro de Cristo', que estaba expuesta en el Monasterio del Puig. "No sabemos nada sobre esa copia, no se ha podido investigar", apuntaba un técnico consultado.

A ello se une el trato que han recibido las pinturas que han sido restauradas sin el control de las autoridades. Según les consta a los técnicos de la Conselleria de Cultura, los 17 cuadros que se encuentran en la iglesia de la Merced han sido ya tratados. "¿Quién los ha restaurado? ¿Cómo lo ha hecho?", se preguntan los técnicos. En noviembre la Justicia reclamó al Ministerio un informe sobre el estado de las pinturas.

Meses antes, preocupados por la situación de los cuadros, los miembros del patronato del museo San Pío V ya acordaron investigar el estado de las obras. El Ministerio de Cultura inició una investigación interna, "un informe" en lenguaje eufemístico. Tras ella, según explicaron este lunes fuentes de la Conselleria de Cultura, Wert y su equipo reclamarán a la orden de los mercedarios que devuelvan los 255 cuadros al museo San Pío V. La demanda interpuesta por el sindicato UGT ha hecho que se aceleren los trámites y se solucione así una situación irregular que se inició hace medio siglo. 

Desde el Ministerio aseguran al sindicato que en breve todo se solucionará. Con todo, lamentaron que se hubiera tenido que llegar a los tirbunales porque, decían, "perjudica a la imagen de la institución". Un comentario ante el que desde UGT se responde: "Lo que perjudica a una institución es perder su patrimonio".