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VALENCIA. Mientras la ministra de Fomento mantiene reuniones con las más altas instancias de Panamá -presidente incluido- para reconducir la situación tras la 'espantada' de Sacyr en las obras del Canal, la constructora cotizada recupera el aliento en el parqué y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) investiga el uso de información privilegiada ante las ventas realizadas por accionistas de referencia semanas antes de que saltara la noticia.

"Estamos analizando las operaciones que se produjeron en las semanas anteriores al anuncio de Sacyr de interrumpir las obras que realiza en el Canal de Panamá y que provocaron el derrumbe de la cotización de la cotizada madrileña", apuntan fuentes próximas al organismo supervisor presidido por Elvira Rodríguez. "Todavía es muy pronto para pronunciarnos, pero que nadie dude de que la CNMV vela por el correcto funcionamiento de los mercados financieros en España y la información privilegiada es un delito", añaden.

Tanto el expresidente José Manuel Loureda como uno de sus accionistas de referencia, el fondo inglés Taube Hodsob Stonex Partners, vendieron antes de que Sacyr anunciara la paralización de las obras de ampliación del Canal de Panamá.

DURO CASTIGO

Una medida que pasó factura sobre su evolución en el parqué, dado que la cotización cayó de rondar los cuatro euros a quedarse a las puertas de perder los tres euros tras encadenar cuatro sesiones de fuertes caídas: las dos últimas del pasado año y las dos primeras de éste.

Cierto es que la situación se va reconduciendo en bolsa al revalorizarse un 11% en las dos últimas sesiones -lunes y martes de esta semana- ante un previsible acuerdo con las autoridades panameñas, pero el mercado cada vez tiene más claro que se utilizó información privilegiada para vender antes de anunciar la noticia. Será la investigación de los 'sabuesos' de la CNMV la que arroje más luz al respecto, pero lo que es un hecho relevante -nunca mejor dicho- es que Loureda y Taube Hodsob vendieron antes.

SOLTANDRO LASTRE

Así, el primero de ellos se desprendió de un total de 2,87 millones de acciones del grupo de construcción y servicios, concretamente un 0,597% del capital, al pasar del 9,020% hasta el 8,423% con fecha 23 de diciembre; mientras que el segundo de ellos comunicó al supervisor dos semanas antes -el día 10- que su participación se había reducido por debajo del 5% -hasta el 4,973% para ser más exactos- desde el 5,916% de su penúltima comunicación fechada el 1 de marzo del pasado año.

Fue precisamente cuando anunció su desembarco en Sacyr tras hacerse con las acciones vendidas tres días antes por el conocido empresario Juan Abelló.

LARGO PLAZO

Dicho fondo informó entonces que "no invertía en su propio nombre sino en nombre de sus clientes, que son grandes fondos institucionales", mientras que su inversión era "a largo plazo".

Actualmente Disa Corporación Petrolífera, sociedad de Demetrio Carceller -también presidente de la cervecera Damm, es el máximo accionista con el 13,012% del capital de Sacyr, mientras que por detrás -y al margen de los citados anteriormente- aparecen el Grupo Corporativo Fuertes, la matriz de la conocida marca charcutera El Pozo, con el 6,239% y la financiera Cymofag (5,752%) de Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Lo sucedido en la cotizada madrileña es el penúltimo capítulo sobre la presunta utilización de información privilegiada en la bolsa española que investiga la CNMV. "Está claro que los dos accionistas que han vendido títulos pueden aducir que de haber conocido lo sucedido en Panamá hubieran vendido más acciones, pero resulta cuanto menos curiosas dichas ventas y de ahí que lo estemos investigando como hacemos habitualmente cuando detectamos movimientos fuera de lo normal", apuntan las mismas fuentes consultadas por Valencia Plaza.

Solo durante el pasado ejercicio la CNMV tuvo que investigar dos situaciones parejas en dos cotizadas: Pescanova y Bankia.

PESCANOVA Y BANKIA

Hasta el punto de que en el primer caso envió a la Fiscalía a finales de abril el caso por uso de información privilegiada sobre las ventas de acciones realizadas por el presidente Manuel Fernández de Sousa y otros consejeros semanas antes de que estallara la crisis de la pesquera gallega. 

Un mes después fue Bankia la investigada por los movimientos -también de ventas- realizados durante la segunda quincena de mayo donde los volúmenes de contratación fueron espectaculares, al llegar al mercado 11.000 millones de acciones fruto de la doble mega ampliación realizada por el banco para culminar con su proceso de recapitalización. Dicha investigación derivó en la apertura de seis expedientes sancionadores.