Los entes afectados por posibles irregularidades contables son la fundación del Teatro Real, la UNED, la UIMP, la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
MADRID (EP/VP). El Tribunal de Cuentas está investigando responsabilidades contables en seis organismos de la Administración General del Estado al detectar irregularidades en el cobro de retribuciones y la justificación de gastos en el año 2011.
Los organismos afectados son la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, que dependen de Exteriores; la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de Educación; la fundación del Teatro Real, de Cultura; y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), en la órbita del Ministerio de Presidencia.
Así lo ha revelado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, al presentar ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) el informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2011, el último del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según ha explicado, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas de ese año el ministerio fiscal de la institución ha puesto de manifiesto "diversos indicios de responsabilidad contable" como consecuencia de los cuales se han abierto siete diligencias preliminares en la Sección de Enjuiciamiento, que es la que puede imponer condenas.
POR COBRO DE RETRIBUCIONES Y GASTOS INJUSTIFICADOS
En unos casos, la investigación se refiere a "irregularidades detectadas en materia de retribución de personal", circunscritas a la Obra Pía en lo Santos Lugares de Jerusalén, la UNED y la fundación del Teatro Real.
Álvarez de Miranda ha precisado que este tipo de ireguralidades se refieren, generalmente, a excesos en las retribuciones de personal en relación con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Las demás diligencias se han abierto por "irregularidades en la justificación de gastos", lo que afecta a la Administración General del Estado y diversos organismos: Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECD), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
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