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MADRID (EFE). Los proveedores de las comunidades autónomas cobrarán a mediados del mes de febrero 8.065 millones de euros, cifra que incluye las deudas de consejos comarcales por importe de 30,7 millones, dentro del segundo tramo de la tercera y última fase del Plan de Pago a Proveedores.

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el cobro de estas facturas concluirá también el pago de las facturas de los proveedores correspondientes a las tres fases del Plan de Pago impulsado en 2012 y 2013 por el Gobierno, para hacer frente el pago de facturas pendientes de las administraciones territoriales.

De esta tercera y última fase del Plan ya se han pagado las facturas correspondientes al primer tramo, 3.606 millones de euros, que cobraron los proveedores de las CCAA en el mes de noviembre y 1.761,6 millones que han cobrado el 9 de diciembre los proveedores de las entidades locales.

SERVICIOS PRIORIDAD

Cuando se complete esta tercera y última fase del Plan, con los 8.065 millones que se abonarán a mediados de febrero, se habrán pagado todas las facturas de la tercera fase por un importe de 13.432,4 millones de euros.

En el primer tramo, se pagaron las de los servicios prioritarios, como sanidad o servicios sociales, mientras que en el segundo se incluyeron al resto de proveedores.

El Plan de Pago a Proveedores, en sus tres fases de 2012 y 2013, habrá pagado más de ocho millones de facturas que ascienden a casi 42.000 millones de euros que beneficiarán a más de 230.000 proveedores de las administraciones territoriales.

Según el Gobierno, con estos mecanismos de pago se han conseguido mantener aproximadamente 400.000 puestos de trabajo.

REFORMA

A partir de ahora, aprobada ya la Ley de Control de la Deuda Comercial, se evitará la morosidad en las administraciones públicas.

El citado ministerio recuerda que la ley, que forma parte de los compromisos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), obliga a todas las administraciones a publicar el periodo medio de pago (PMP) a sus proveedores y, si se incumple el periodo legal (30 días), entrará en funcionamiento un sistema progresivo de control.

Cuando el PMP supere en más de 30 días el plazo legal, se pondrán en marcha medidas automáticas de prevención y de corrección y, si es necesario, se iniciará el procedimiento de retención de los importes de financiación a las administraciones territoriales para el pago a los proveedores.