La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un plan de austeridad para ahorrar 308 millones de euros con medidas como la desaparición de 9 fundaciones y la absorción o fusión de 6 empresas públicas. Como ella, el resto de comunidades están anunciando sus propios recortes
MADRID (VP/EFE). Las autonomías acudirán a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aún no convocada, con los "deberes hechos" al haberse ya "apretado el cinturón" y adoptado medidas de control de gasto, pero se muestran dispuestas a negociar más ajustes con el Gobierno
Así lo ha manifestado la mayoría de los ejecutivos regionales consultados por Efe sobre el documento que el Ministerio de Economía les ha remitido para que se sumen al plan de austeridad que prevé recortar el gasto en 50.000 millones de euros hasta 2013, de los que 10.000 corresponderían a autonomías y entes locales.
Un documento que, además de reducir el déficit, propone austeridad en las retribuciones, restricción de las ofertas de empleo público, racionalización de las estructuras de las administraciones y medidas de lucha contra el absentismo de los funcionarios, entre otras.
Entre las comunidades del PP, Madrid ya ha anunciado que aceptará la propuesta sobre el déficit y ha recordado que ya ha reducido el sueldo de sus altos cargos en un 2 por ciento, ha restringido la oferta de empleo y ha suprimido cinco consejerías y 22 direcciones generales.
Considera el Gobierno de Esperanza Aguirre que el 'rigor' que aplica en sus cuentas públicas y su "fiel compromiso" con la estabilidad presupuestaria contribuyen al menor crecimiento de la deuda autonómica.
Desde la Comunidad Valenciana no se ha querido opinar sobre el documento, pero subraya que ha puesto en marcha un plan de austeridad para ahorrar 308 millones de euros con medidas como la desaparición de 9 fundaciones y la absorción o fusión de 6 empresas públicas.
Galicia cree que se anticipó al Gobierno y ya en abril de 2009 acordó reducir a la mitad el número de altos cargos y en un 25% el de consejerías, a la vez que ha disminuido en un 20% los gastos corrientes y bajado un 3% los salarios de sus dirigentes.
Otra autonomía del PP, Castilla y León, advierte de que Economía deberá tener en cuenta y no penalizar a las comunidades que, como ella, han "manejado mejor" el recurso al endeudamiento en la época de bonanza.
Murcia es la comunidad con menos consejerías y altos cargos después de que en 2008 acometiera un plan de dinamización de su economía y otro de austeridad que le permitió ahorrar 82,4 millones en gastos de funcionamiento y equipamientos administrativos, si bien actualmente negocia con los sindicatos otro plan adicional de austeridad.
El Gobierno riojano no se ha pronunciado sobre el documento y se ha limitado a recordar que ha reducido 9 altos cargos y 14 personas de confianza, así como los gastos de protocolo.
Cataluña, cuyo Gobierno tripartito tampoco ha adelantado su opinión, podría acordar en breve un plan de ajuste que la Generalitat aún no ha confirmado.
Muy reciente es la decisión del Ejecutivo canario, de CC, de reducir su presupuesto para este año en 112 millones de euros. Sólo así podrá ser aprobado su plan económico y financiero, tal y como le advirtió Economía, si bien esa disminución "tocará lo mínimo" posible los servicios básicos.
Navarra lleva dos años "apretándose el cinturón" y éste ha recortado su gasto en 150 millones, pero su disposición es "total" a adoptar más medidas "consensuadas" entre Gobierno y autonomías.
Euskadi parte, según su Gobierno, de una situación de ventaja con respecto a otras comunidades en disminución del déficit, pero atenderá las recomendaciones de la UE y el Ejecutivo central en esta materia.
De "lógicos, necesarios y correctos" ha calificado la Junta de Andalucía, que lleva dos años aplicando planes de austeridad, los planteamientos de Economía, que están en "sintonía" con su estrategia regional para la salida de la crisis.
Castilla-La Mancha ahorrará 415 millones con la reducción de gasto corriente y de personal en todas las áreas, excepto en educación, sanidad y bienestar social.
La Junta de Extremadura es consciente de que "no puede pagar" la actual estructura de su administración y, por ello, ha acordado un plan de ajuste de personal que, en una primera fase, suprimió 14 direcciones generales para fusionarse en seis.
Aragón ha expresado su buena disposición ante las medidas propuestas por Economía y ha recordado que siempre ha sido una comunidad "cumplidora", al igual que Asturias, cuyo Ejecutivo dice que "ha hecho bien los deberes" y que su administración es "tremendamente austera", con los salarios "más bajos de España", incluido el de su presidente.
Cantabria está abierta a asumir los compromisos que tenga que cumplir y no descarta ninguna medida para contribuir a la reducción del déficit.
Baleares opina que el documento de Economía le da "escaso" margen de maniobra porque "el esfuerzo ya se ha hecho" al haber contenido el gasto de forma "muy relevante", congelado el sueldo de sus altos cargos y rebajado su presupuesto en 200 millones. Además, estudia la fusión de empresas públicas.
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