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En el llamado "Manifiesto de los 100" sobre la reforma de las pensiones, los expertos proponen un nuevo sistema español de pensiones para los jóvenes similar al modelo sueco, con el fin de garantizar su viabilidad financiera en el medio y largo plazo
MADRID. Alrededor de un centenar de relevantes economistas académicos han pedido públicamente una reforma integral del sistema público de pensiones con el fin de garantizar su viabilidad financiera en el medio y largo plazo. El documento promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) recomienda que se afronte una reforma gradual que proporcione estabilidad al sistema y que sea similar a la que se ha hecho en Suecia.
La reforma se basaría en tres principios: una pensión proporcional a las cotizaciones realizadas; una edad de jubilación flexible y adaptada a la esperanza de vida (de manera que sea el propio trabajador quien decida cuándo quiere jubilarse con el consiguiente coeficiente reductor); y la introducción en el sistema de mecanismos automáticos de ajuste ante posibles cambios demográficos y económicos.
Con ello se pretende garantizar un sistema público de pensiones equitativo y sostenible para las nuevas generaciones. Los expertos consideran que para facilitar una transición suave hacia este modelo, es necesario adoptar urgentemente medidas tales como:
• Ampliar gradualmente el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión a toda la vida laboral.
• Elevar gradualmente, la edad legal de jubilación hasta los 67 y la edad mínima desde los 61 a los 63 años, con flexibilidad en relación a los colectivos afectados y sus historiales de cotización.
• Ampliar gradualmente el número de años necesarios para tener derecho a la "pensión completa" (i.e. el 100% de la base reguladora), desde los 35 actuales hasta los 40 años, con un esquema lineal a razón de 2,5 puntos por año cotizado.
En definitiva, "se trata de adoptar medidas que faciliten la transición hacia un sistema de pensiones público moderno, similar al que existe en otros países europeos, y que garanticen que las próximas generaciones puedan contar con este pilar básico de nuestro Estado del Bienestar".
El "Manifiesto de los 100 sobre las pensiones" afirma que estas medidas deben adaptarse con urgencia para que no afecten a los actuales jubilados y su impacto sea el menor posible sobre los trabajadores próximos a la jubilación. "Cuanto más se retrase la reforma más bruscos tendrán que ser los cambios y menos tiempo tendremos los trabajadores para adaptarnos a los mismos".
Este grupo de economistas considera que "los acuerdos alcanzados hasta el momento en el marco del Pacto de Toledo se han traducido en reformas que han supuesto avances en la dirección correcta pero de un alcance aún muy limitado. En estos momentos, la gravedad de los retos a los que se enfrenta nuestro sistema público de pensiones exige que las reformas sean mucho más ambiciosas que en el pasado y establezcan unas bases sólidas para avanzar hacia un sistema de pensiones sostenible, equitativo y transparente".
Los expertos mantienen que el actual sistema público de pensiones, "es injusto porque las prestaciones que actualmente ofrece el sistema no se determinan de forma equitativa en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. De esta forma dos individuos que han cotizado lo mismo a lo largo de su vida pueden percibir pensiones muy distintas. Por ejemplo, los trabajadores de bajo nivel educativo que entran a edades tempranas en el mercado de trabajo, que tienen historiales laborales largos y suelen sufrir problemas de empleo al final de su vida laboral, perciben pensiones que, en relación a sus cotizaciones, son muy inferiores a las que reciben los trabajadores de mayor nivel educativo, que entran más tarde en el mercado laboral, tienen historiales laborales más cortos y suelen percibir sus ingresos laborales máximos en los años inmediatamente anteriores a la jubilación".
Además, argumentan que la reforma "es inevitable" porque hoy hay 19 millones de trabajadores y siete millones de personas mayores de 65 años, mientras en 2050 habrá -en un supuesto bastante optimista- 17 millones de trabajadores y 15 millones de personas mayores de 65 años, lo que implica una tasa de dependencia que duplicaría a la actual. Organismos públicos y privados (como la Comisión Europea o el Ministerio de Trabajo entre otros) coinciden en que, en ausencia de reformas, el gasto en pensiones prácticamente se duplicará en las próximas décadas, pasando del 8,3% del PIB actual a más del 15,1% en 2050".
Los expertos consideran que la solidaridad intergeneracional ha llegado a su límite, por lo que no se puede fiar el pago de las futuras pensiones a un incremento de los impuestos o las cotizaciones sociales, ya que perjudicaría el empleo y el crecimiento económico.
El documento ha sido presentado por una representación de los promotores del documento encabezada por Pablo Vázquez (Profesor de la Universidad Complutense y director ejecutivo de Fedea), Angel de la Fuente (CSIC), Sergi Jiménez (Universidad Pompeu Fabra y Fedea) y Javier Diáz Giménez (IESE).
El "Grupo de los 100 economistas" promovió hace año y medio un manifiesto a favor de la reforma laboral que abrió un vivo debate sobre el contrato único. Fedea es una Fundación independiente constituída hace 25 años con el objetivo de estudiar y analizar la situación económica española y proponer las reformas necesarias. Las opiniones de sus investigadores no representan la posición de sus patronos, de quienes no reciben indicación alguna en su trabajo académico.
Para más información, visite www.fedea.es. Si requiere información complementaria sobre el debate de reforma de las pensiones visite http://www.fedea.net/propuestas/pensiones/
Quisiera saber, qué pasaría con los trabajadores que han sufrido un ere y que, según el pacto de toledo, pasarían a cobrar la pensión de jubilación a os 61 años con el 24 % reductor y con más de 40 años cotizados, si no cobrarían nada durante el periodo de 61 a 63 si es que se aprueba que sea a los 63 la edad mínima para jubilarse. Estas personas no cobrarían nada, ni de la empresa ni de la seguridad social, aún habiendo cotizado más de 40 años. Es posible esto o se haría gradualmente y estos trabajadores, si por ejemplo se tuvieran que jubilar en el 2013 con 61 años, tendrían que hacerlo a los 61 años y 3 meses, que sería lo más justo?? gracias por contestar.
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