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MADRID. Hemos tenido noticias a través del ministro de Economía De Guindos que el próximo mes de enero acabará de manera 'limpia', sin prórroga ni línea de crédito preventiva, el proceso del rescate a las cajas de ahorros españolas.

Ha pasado más de un año desde el 9 de junio de 2012, día en el que el titular de la cartera de Economía del Gobierno español daba a conocer en una multitudinaria rueda de prensa que el Ejecutivo se acogía a la financiación que la Comisión Europea otorgaba para sacar a flote a las entidades de crédito española que lo necesitaran.

En aquel día -y los siguientes- uno de los temas más debatido fue el de si se consideraba o no rescate sobre España aquella decisión. La importancia del concepto estribaba en ver si nos asimilábamos a países rescatados o intervenidos como Grecia o Portugal, o simplemente se trababa de aceptar una línea de crédito especial concedida por nuestros socios europeos.

LOS 'PAGANINIS' CONTRIBUYENTES

En el lado más negativo pesaba el hecho de que el importe utilizado de la línea de 100.000 millones de euros pasaría a engrosar la deuda pública de España, es decir, los contribuyentes se hacían cargo y respondían del rescate bancario. La cantidad utilizada ha superado por poco los 40.000 millones, por lo que el porcentaje de deuda pública sobre el PIB se incrementaba en 4 puntos.

Fue suficiente solo un 40% de toda la línea de financiación para cubrir las necesidades de capital de las cajas de ahorro con problemas y de ello más de la mitad se destinó a una sola entidad: Bankia. Pero aun así, los primeros efectos que se desencadenaron fueron perversos. La rentabilidad del bono español a diez años alcanzó un máximo del 7,56% a finales de julio del año pasado. Justo un mes después de que se anunciara el rescate bancario.

SENSIBLE MEJORÍA

La transmisión del riesgo privado al riesgo público, como vemos, se produjo de manera abrupta y devastadora. Una economía en una profunda recesión -con los niveles de desempleo más altos de toda la Unión Europea- asumía hacerse cargo del rescate de un par de entidades mal gestionadas. Con ello elevaba la desconfianza sobre la recuperación económica e incluso la capacidad de que el estado español fuera capaz de hacer frente en el futuro a sus compromisos de deuda.

Más adelante, gracias al apoyo explícito del Banco Central Europeo a través de su programa OMT de compra de bonos de países con problema, y en contra de la opinión que las autoridades alemanas tenían al respecto (y también hay que decirlo del enorme esfuerzo realizado por nuestro país para reducir las cifras de déficit público), la percepción de riesgo soberano español ha mejorado de forma ostensible y la prima de riesgo se ha reducido espectaculermente en más de 400 puntos básicos.

En realidad los indicadores de la economía que más nos afectan -paro y crecimiento- no han evolucionado de manera tan positiva. De hecho este año terminamos con un descenso del 1,4% del PIB y lo que es peor el paro ha crecido. Lo que han mejorado han sido los datos de balanza de pagos y es cierto que el dinero vuelve a entrar a España en forma de inversiones empresariales y compra de deuda pública. Es un buen dato que puede ser considerado como señal y precedente de una futura recuperación.

Pero de lo que debíamos aprender es que la enorme crisis que se produjo en España a mediados del año pasado, que nos situó con un pie dentro de la zona de países imposibilitados de acceder a la financiación de su deuda -y por tanto intervenido y maniatado por la Troika-, fue la causa de un defecto de comunicación y de una serie de decisiones precipitadas que alarmaron a los inversores.

CUIDAR LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN

En el futuro, con una supervisión única del sistema bancario europeo -si Alemania lo permite- estaremos a salvo de estos indeseables sucesos. Un banco sistémico no puede llegar al nivel de abandono al que llegó Bankia y en cualquier caso su rescate, si es que hay que llevarlo a cabo, no debe cargarse sobre la espalda de los contribuyentes sino de los accionistas y bonistas de la entidad en cuestión.

Y el Gobierno o gobiernos que tengan que lidiar con tan complicado asunto deben ante todo cuidar las formas y maneras de transmitir la información para evitar el pánico y el desconcierto, tan habituales en el mundo del dinero.

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Miguel Ángel Rodríguez es analista de XTB