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BRUSELAS (EP). La Comisión Europea ha dictaminado este viernes que el presupuesto de España para 2014 no garantiza el cumplimiento del objetivo de rebajar el déficit hasta el 5,8% del PIB fijado por la UE y por ello ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que apruebe recortes adicionales.

"Para 2014, el borrador de presupuesto (de España) corre el riesgo de no respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que el objetivo de déficit global podría incumplirse y tampoco se prevé que se logre la mejora estructural recomendada", ha avisado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

"La Comisión invita por tanto a las autoridades españolas a que adopten las medidas necesarias en el curso del procedimiento presupuestario nacional para garantizar que el presupuesto de 2014 cumpla plenamente" el Pacto de Estabilidad, señala el comunicado.

Según las previsiones de otoño de Bruselas, España registrará en 2014 un déficit presupuestario del 5,9%, ligeramente por encima del objetivo, aunque el Ejecutivo comunitario avisó de que este cálculo esta sujeto a importantes riesgos por la caída de ingresos.

Para 2013, el Ejecutivo comunitario considera que el Gobierno español sí ha tomado "medidas eficaces" para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit del 6,5% del PIB.

Por lo que se refiere a las reformas estructurales con impacto presupuestario, Bruselas dictamina que España ha realizado "algunos progresos" en respuesta a las recomendaciones de la UE y ha confirmado que respetará el calendario acordado.

Este viernes es la primera vez que la Comisión publica opiniones sobre los presupuestos nacionales de todos los países de la eurozona, en el marco del nuevo sistema legal europeo de vigilancia reforzada que se ha puesto en marcha para prevenir nuevas crisis de deuda.

Gracias a estas normas, el Ejecutivo comunitario tiene nuevos poderes para pedir oficialmente a los Estados miembros cambios en sus presupuestos nacionales si considera que se alejan de los objetivos acordados. Pero en esta ocasión no ha hecho uso de esa prerrogativa ni siquiera en el caso de España, pese a los ajustes adicionales exigidos.

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