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MADRID (EFECOM). La decisión de la Audiencia Nacional el pasado miércoles de abrir una investigación a Catalunya Banc por la venta de "productos tóxicos" supone que este tribunal tiene ya causas abiertas con todas las entidades nacionalizadas, salvo la andaluza Cajasur.

El juez Fernando Andreu debe investigar, por orden de la sala de lo penal de la Audiencia, una querella de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra el Consejo de Administración de la entidad -la antigua Caixa Catalunya, que hoy opera con la marca comercial CatalunyaCaixa- por delitos de estafa y apropiación indebida.

Los "productos tóxicos" citados en la querella son swaps, participaciones preferentes, deuda subordinada y cláusulas suelo, que muchos clientes de Catalunya Banc adquirieron "guiados o aconsejados por los comerciales o directores de las sucursales", según el tribunal.

La causa abierta a la entidad catalana se suma así a una lista iniciada en julio de 2010 con la que afecta a Caja Castilla-La Mancha (CCM) a raíz de una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en nombre del PP.

El pasado martes, el juez Pablo Ruz imputó a siete miembros de su Comisión Ejecutiva que, según la Fiscalía, aprobaron "una serie de operaciones singulares" que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad, con un "agujero" de 267 millones de euros.

Los siete nuevos imputados se suman a los dos que había hasta ahora: el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega.

En noviembre de 2011, el magistrado Fernando Grande Marlaska -entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que hoy ocupa Javier Gómez Bermúdez- admitió una querella contra la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, a la que luego se han sumado varias contra los miembros de la antigua cúpula de la entidad.

El 26 de junio de 2012, el juez Ismael Moreno admitió la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra cinco antiguos directivos de Caixa Galicia y Caixanova -ahora fusionadas en Novacaixagalicia (NCG)- por mejorar sus contratos sin comunicárselo al Consejo de Administración y cobrar así indebidamente 7,87 millones aportados por el Estado.

Por esas mismas fechas, su compañero Santiago Pedraz se hizo cargo de la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) contra la antigua dirección del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011 tras conocerse que sus necesidades de provisiones ascendían a 562 millones.

Finalmente, el 4 de julio de 2012 el juez Andreu admitió a trámite una querella de UPyD y abrió una investigación sobre la constitución de Bankia y su salida a bolsa, imputando a su expresidente Rodrigo Rato y a otros 32 miembros del Consejo de Administración.

Posteriormente, la sala de lo penal le ordenó ampliar la investigación a la comercialización de participaciones preferentes por parte de las siete cajas -Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja- que se integraron en Bankia.

Además de estas causas, en la Audiencia Nacional se instruyen otras relacionadas con entidades no nacionalizadas como Banca Cívica -adquirida por CaixaBank- o Caixa Penedés, que ahora forma parte de BMN.