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PARIS (EFE). España no ha llevado a cabo suficientes reformas, en particular en la educación y en el mercado de trabajo, en la línea con las recomendaciones que desde 2005 le viene haciendo la OCDE para elevar su potencial de crecimiento económico, según la evaluación publicada ayer.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica en el capítulo dedicado a España en su informe sobre crecimiento que desde 2003 se ha detenido el acercamiento del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante español al de los países miembros más ricos y sigue siendo superior a 25 puntos.
El elemento positivo es que desde 2007 se está produciendo una disminución de la fractura en la productividad respecto a los países más eficientes, de forma que el diferencial vuelve a ser inferior a 20 puntos porcentuales (en términos de PIB por hora trabajada).
Las recetas de la OCDE para adaptar el sistema de pensiones sólo se ha traducido en la reforma de 2007, que aumentó "modestamente" el periodo de cotización que da derecho a pensión y ha creado incentivos para que continúen en actividad personas que han alcanzado la edad de jubilación.
Ese es otro de los puntos destacados del capítulo de evaluación de España del informe sobre las políticas para elevar el potencial de crecimiento, en el que se reconocen progresos para introducir mayor competitividad en los mercados de productos y en las industrias de redes.
Los autores del estudio lamentan que persistan las "distorsiones" en la vivienda, donde la OCDE recomendaba a España acortar los procedimientos para resolver los contenciosos entre inquilinos y propietarios, y eliminar las ayudas fiscales a la compra de casas para dirigir esos fondos hacia los alquileres sociales.
También constatan que "no ha habido progreso en la reforma de la negociación salarial", una cuestión en la que las recomendaciones iban por suprimir la indexación de los sueldos con la inflación pasada y permitir a las empresas eludir la aplicación automática de los convenios colectivos.
El conocido como el "Club de los países desarrollados" aconseja igualmente desde 2005 otros cambios en el mercado laboral español, en particular reducir la fractura que hay entre los trabajadores con contratos fijos -para los que pide que disminuya la indemnización por despido- y los eventuales, cuyo porcentaje considera excesivo.
En este terreno, toma nota de que en 2006 se limitó el recurso sucesivo a los contratos temporales y han aumentado las incitaciones fiscales para la contratación fija, con una disminución de indemnizaciones por despido para grupos específicos.
Fuera del capítulo de España, la OCDE advierte de que a causa de la crisis y de que el nivel de desempleo va a mantenerse elevado, los gobiernos se van a ver sometidos a presión para aplicar medidas que reduzcan la utilización de la fuerza de trabajo.
También pone el acento en que "la urgencia de reforma estructural se ha reforzado con la crisis", en particular en la regulación financiera, pero también en el mercado laboral y de productos, reformas que a su juicio pueden ayudar a que la recuperación sea más rápida y a que se restablezca la situación de las finanzas públicas.
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