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MADRID (EFECOM). El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que repercutirá en un incremento de la velocidad de Internet y una reducción de los precios, al tiempo que simplifica el despliegue de redes y adapta la legislación a los avances que ha vivido el sector.

La normativa, que actualiza la vigente desde 2003, recupera la unidad de mercado, marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas y móviles y favorece el desarrollo futuro de la economía digital, considerado por el Gobierno como uno de los pilares económicos con más potencial de crecimiento en España.

El proyecto de ley busca, por tanto, resolver todas aquellas cuestiones que penalizaban la competitividad de los operadores de telecomunicaciones.

Según ha señalado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se trata de una ley "muy necesaria" teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado el mundo de las telecomunicaciones en los últimos diez años y de vital importancia para un sector clave en la generación de actividad económica, inversiones y empleo.

Europa, según la UE, precisa una inversión de más de 200.000 millones de euros a fin de que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital para España. En España, se calcula una necesidad de inversión de unos 25.000 millones de euros.

La nueva Ley de Telecomunicaciones nace con el propósito de mejorar la oferta de servicios a los ciudadanos a unos precios más asequibles y facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles. Entre las novedades, se favorecerá el uso compartido de infraestructuras entre compañías y se eliminarán trabas para la concesión de licencias.

De hecho, Industria podrá imponer, en casos justificados y excepcionales, la obligación de compartir redes o accesos, dado que las redes públicas de comunicaciones electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y, por ello, las obras de su instalación son de interés general.

A la espera de conocer a fondo el texto aprobado hoy, la asociación española de operadores de Telecomunicaciones con red propia (Redtel) cree que las reformas propuestas dan respuesta a las demandas del sector, que reclamaba mayor eficiencia reguladora para facilitar la inversión privada.

Sin embargo, desde la Asociación de Internautas consideran que la Ley no ampara a los usuarios sino que se enfoca, básicamente, al beneficio de los operadores, en tanto que sostienen que esta normativa está enfocada en paliar el efecto de la desaparición de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Para reforzar la competencia y los servicios, Industria mejorará los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos personales y la privacidad, estableciendo un régimen sancionador y facilitando el cumplimento de las obligaciones de los operadores.

También se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas, se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencia, se refuerza la potestad sancionadora de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y se refuerza la ley de garantía de unidad de mercado.

En este sentido, la normativa reclasifica las infracciones -ya que algunas actuaciones estaban excesivamente castigadas- y crea algunas nuevas, al tiempo que eleva las multas: las infracciones muy graves suben de 2 a 20 millones de euros de máximo y las graves, de 0,5 a 2.

Entre las modificaciones consideradas en la ley se refuerza también el control del dominio público radioeléctrico y se revisan aspectos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.