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MADRID (EP). El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado 'factor de sostenibilidad' a partir de 2019.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.

El anteproyecto, que será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen, contempla un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse. Este índice empezará a aplicarse ya el próximo año.

El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el nuevo índice es "más completo y global", ya que tiene en cuenta la inflación, pero también la situación económica del país en cada momento. "La propuesta es que las pensiones no se congelen nunca y que suban siempre en función de las circunstancias económicas y de lo que el país se pueda permitir", ha señalado Báñez, tras destacar además que se elimina la discrecionalidad política y se garantiza la racionalidad en el sistema.

El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la demografía, garantizando así que los pensionistas de diferentes generaciones tendrán pensiones similares si realizan contribuciones iguales al sistema. "Con salarios y cotizaciones iguales un jubilado de ahora puede cobrar la misma pensión que cobrará su hijo o su nieto", ha explicado Báñez, tras asegurar que el objetivo es garantizar la "columna vertebral" del sistema: la solidaridad.

Con todo, la ministra ha asegurado que se trata de la reforma "más importante" en términos sociales que ha aprobado el Gobierno, y ha garantizado que dará "confianza, tranquilidad y certidumbre" tanto a los pensionistas presentes como a los futuros, a los que ha garantizado que van a poder disfrutar de pensiones públicas. "Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van a ser los pensionistas del mañana", ha añadido.

TIEMPO PARA EL CONSENSO

Tras la aprobación del anteproyecto, el Gobierno abre un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan. Una vez incorporadas las aportaciones oportunas, el Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.

Según Báñez, con la presentación de esta reforma el Gobierno cumple el mandato legislativo de la ley de 2011 sobre la definición del factor de sostenibilidad. "Lo hace con tiempo y con diálogo", ha dicho, tras insistir en que buscarán el mayor consenso sobre un tema "capital" como el sistema de pensiones, que es el "corazón" del estado del bienestar.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los agentes sociales y políticos porque ha llegado el momento del "diálogo hasta el final", la negociación y la presentación de alternativas y propuestas que mejoren la que ha presentado el Gobierno.

EFECTOS A LARGO PLAZO

En cualquier caso, Báñez ha recordado que los resultados de las reformas de los sistemas de pensiones se ven décadas después, como ha pasado con el Fondo de Reserva, que se creó en 1997 y no se empezó a utilizar hasta el año pasado. "Así son estas reformas", ha dicho.

Aún así, ha garantizado que el único objetivo del cambio es conservar y consolidar el sistema público y su condición de sistema de reparto, ofrecer tranquilidad y seguridad a los pensionistas y garantizar la salud financiera de un sistema que tiene que ser autofinanciable y sostenible en el futuro.