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 Esta semana se designará probablemente a un fiscal para que estudie la denuncia y decida si sigue adelante con las investigaciones

CASTELLÓN (EP). La Fiscalía Provincia de Castellón ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por dos particulares --una madre y su hija-- por derribos de viviendas catalogadas dentro del Patrimonio Histórico-Artístico del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) durante la etapa de Alberto Fabra --presidente de la Generalitat Valenciana-- como alcalde de Castellón.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público, que han concretado que se trata de la apertura de unas diligencias para estudiar la denuncia, sin que por el momento se esté investigando a nadie en concreto. Para ello, se designará probablemente esta semana a un fiscal encargado del caso, que no es un procedimiento judicial todavía, que será quien decida si seguir adelante con la causa.

La denuncia, presentada el pasada 10 de julio, alude a un presunto delito de prevaricación urbanística y se dirige contra Fabra --en calidad de ex concejal delegado de Urbanismo y exalcalde Castellón--; y una funcionaria del consistorio encargada del Negociado de Disciplina Urbanística.

En concreto, la denuncia --presentada por la propietaria de una de las casas históricas ubicadas frente al puerto deportivo de la ciudad, y a la que se le denegó la licencia de derribos por ser un inmueble protegido-- se basa en la tramitación de 14 expedientes por parte del Ayuntamiento de Castellón para la concesión de licencias de derribo o demolición de inmuebles incluidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico del PGOU de 2000 con el grado de protección de 'sustituible'.

En el escrito, se denuncia que ante supuestos de hecho idénticos --solicitudes de licencia de derribo o demolición para edificios catalogados como 'sustituibles'--, desde el consistorio de Castellón se hayan estado aplicando "criterios distintos". Al respecto, recuerda que el inmueble de las denunciantes, 'Casa Bellés', tiene la misma catalogación que otros 14 para los que sí se ha concedido licencia de derribo.

AUTORIZADOS A PERSONAS "AFINES"

Tras analizar estos expedientes, las denunciantes sostienen que estas 14 licencias se han autorizado a personas y a constructores "afines". "La licencia se aplica con rigor --se especifica en la denuncia-- a los 'no afines', pero se dispensa a los 'afines', con el consiguiente efecto de que el valor inmobiliario de mercado de los inmuebles 'sustituibles' se desprecia sensiblemente para los propietarios 'no afines', mientras que los propietarios 'afines' pueden llevar a cabo lucrativas promociones inmobiliarias, a bajo precio, a costa de estos elementos catalogados".

Entre estos 'afines', en el escrito se hace referencia al otorgamiento de una licencia de derribo para un inmueble catalogado como 'sustituible', y en cuyo solar se alzó una obra nueva con dos edificios, uno de los cuales se convirtió en la vivienda de Alberto Fabra y sede del estudio de arquitectura de su esposa. Asimismo, cita otra licencia sobre otro edificio 'sustituible', que fue derribado y que era propiedad del exalcalde de Castellón José Luis Gimeno y de su hermano.

Asimismo, se expone que se podría haber estado tramitando uno de los expedientes "en favor" de una empresa constructora, "implicada en la presunta financiación irregular del PP, en el 'caso Bárcenas'", y que se convirtió en copropietaria del Ayuntamiento al adquirir el 50 por ciento de un solar continguo a una vivienda catalogada.

En la denuncia se solicita la práctica de las actuaciones "convenientes" para comprobar los hechos denunciados; requerir al Negociado de Licencias y Autorizaciones del Ayuntamiento de Castellón diversos expedientes; y que se cite a declarar a varias personas, entre ellas, a Alberto Fabra; a José Luis Gimeno --también exalcalde de Castellón--; a Javier Moliner --ex concejal de Urbanismo--; y a tres arquitectos municipales.

ORIGEN DE LA DENUNCIA

Este caso se remonta al año 2002, cuando las denunciantes solicitaron la licencia de derribo de su edificio familiar, 'Casa Bellés', debido a causas de fuerza mayor, puesto que sufría severas patologías estructurales que comprometían su resistencia mecánica con riesgo de derrumbamiento.

A raíz de esta solicitud, se inició en el consistorio un procedimiento administrativo en el mes de marzo y se requirieron algunas subsanaciones. Finalmente se informó a las propietarias que la clasificación de su inmueble entraba dentro del Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico, y la familia preguntó por el nivel de protección y el régimen aplicable para la tramitación y concesión de licencia de derribo.

Esta solicitud no fue atendida, con lo que interpusieron un recurso en el juzgado contra la denegación por silencio administrativo de la licencia de derribo. Tanto el juzgado como luego el TSJCV dieron la razón al consistorio al estimar que los 'sustituibles', en cuanto a edificios catalogados, están dotados de un nivel de protección ambiental y, por consiguiente, sujetos al régimen especial de las denominadas 'licencias de intervención'.

Tras estas resoluciones, las denunciantes se interesaron por la normativa urbanística aplicaba a la 'Casa Bellés', pero al no obtener respuesta, optaron por solicitar el acceso a otros expedientes de obras mayores tramitados para la demolición de edificios catalogados con el mismo nivel de protección ambiental 'sustituible'. Y fue a raíz de estos expedientes cuando comprobaron, según su denuncia, que se habían dado hasta 14 licencias de derribo para inmuebles que tenían su misma catalogación, por lo que decidieron presentar un nuevo escrito por estos hechos ante Fiscalía de Castellón.

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