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MADRID (EP). El Gobierno ha corregido la propuesta inicial de reforma de la administración local y ha eliminado el concepto de 'coste estándar', que contemplaba la pérdida de competencias municipales para que fueran prestadas por las Diputaciones y fue duramente criticado por el Consejo de Estado en su informe sobre el proyecto. 

Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en el que el Ejecutivo lleva trabajando más de un año y que ha suscitado el rechazo del PSOE y el resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.

En el proyecto de ley que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, desaparece por completo el 'coste estándar' y es sustituido por el 'coste efectivo', que únicamente obligará a los ayuntamientos a hacer público en un plazo tres meses el coste de sus servicios municipales.

Esta corrección llega después de que el informe del Consejo de Estado alertara de que el texto inicial cuestionaba el artículo 140 de la Constitución porque podía reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. Según alertó la institución, el coste estándar podía convertirse en un "cheque en blanco" del Gobierno para quitar competencias a las entidades locales.

Montoro ha reconocido esta modificación pero la ha enmarcado dentro de la normalidad institucional. "Si avisa de que una figura puede limitar la autonomía municipal, pues esa figura no vale", ha sostenido antes de insistir en que esa es precisamente la función de los informes de los órganos consultivos.

El nuevo coste efectivo es meramente un elemento de transparencia con el que se "gana" en términos de "publicidad y comparación", según ha explicado el ministro, ya que gracias a él los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer el coste de un servicio en su municipio y compararlo con entidades similares. "Será un ejercicio democrático muy sano", ha celebrado.

De esta forma, la pérdida de competencias por parte de las entidades locales queda eliminada del proyecto de ley, según han explicado después fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y únicamente aquellos municipios con problemas financieros, en sus planes de ajuste económico-financieros, podrían incluir la opción de "coordinar" determinadas funciones con las diputaciones provinciales, aunque sigan manteniendo la titularidad de la competencia.

Precisamente, el proyecto de reforma local presentado por el Gobierno refuerza el papel de las diputaciones y les otorga la competencia de vigilar la aplicación de los planes de ajuste municipales.

Estos órganos también podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes, mediante su prestación por la diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas, a menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el de aquellas.

Además, podrán asistir a los municipios en las facultades de gestión de la recaudación tributaria, la gestión financiera, la Administración electrónica y la contratación centralizada.

"Es un sistema menos contundente pero igual de coherente y comprometido con la estabilidad presupuestaria", ha defendido el ministro sobre la sustitución del 'coste estándar' por el 'coste efectivo'.

Montoro también ha planteado la posibilidad de que la eliminación del coste estándar abra la puerta a ampliar el consenso durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. "Si se decía que el coste estándar vacía y lleva a la privatización, pues ya está, ya ha desaparecido ese argumento", ha ofrecido el ministro, que ha asegurado que la voluntad del Gobierno es la de alcanzar la "máxima coincidencia" con los partidos con representación en las Cortes Generales.

INCENTIVAR LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS

Otra de las novedades que incluye el texto aprobado este viernes es la inclusión de incentivos a las fusiones municipales voluntarias, también siguiendo con las recomendaciones del Consejo de Estado. "Para ello, se establecen una serie de incentivos para el nuevo municipio fusionado, como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones", explica el Gobierno.

Además, el proyecto de ley se promueve la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los municipios, de forma que, si generan unos ahorros mínimos, recibirán mayor financiación; y además se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, cinco mil habitantes.

Por su parte, las entidades locales de ámbito inferior al municipio deberán, en un plazo de tres meses, presentar sus cuentas ante el Estado y comunidades autónomas. En caso de que no lo hagan, se disuelven y se integran en los ayuntamientos de los que dependan como organización desconcentrada y corresponderá al municipio la prestación del mismo, carentes de personalidad jurídica.

En todo caso, no se permite la creación de nuevas entidades locales menores con personalidad jurídica propia, y se mantendrán únicamente las existentes, si se presentan sus cuentas, y aquellas que hayan iniciado su procedimiento para su constitución antes del 1 de enero de 2013.

MANTIENE EL LÍMITE AL SUELDO DE LOS ALCALDES

Pese a todo ello, Montoro ha insistido en numerosas ocasiones que lo más importante de esta reforma es la delimitación de competencias, ya que en el texto se definen tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas.

El proyecto también contempla una racionalización del sector público local, ya que se revisan en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes, "que habían crecido exponencialmente en los últimos años", con el objetivo de racionalizar su número y estructura, "lo que generará ahorros importantes". Igualmente, se limitan las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local.

De la misma forma, el Ejecutivo mantiene el anuncio inicial de que los alcaldes de las poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado, un sueldo que irá descendiendo progresivamente en función del número de habitantes.

Igualmente, se fijan límites, en función de criterios poblacionales, al número de cargos representativos locales que pueden ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y el número de personal eventual al servicio de las entidades locales, que no podrá superar un determinado número en función de la población del municipio.

Tras más de un año de trabajo y debate, el proyecto de ley presentado por el Gobierno ha sufrido numerosas modificaciones respecto a los informes iniciales, que incluían incluso la reducción del número de concejales.