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 A la posible imputación del secretario general en el caso Taroncher, se le une la desconexión entre el número dos del PPCV y las direcciones provinciales

VALENCIA (X. AGUAR). El abandono del acta de la diputada Alicia de Miguel pocas horas antes de hacerse pública su imputación en una pieza del caso Gürtel, ha implicado la pérdida de una parlamentaria de renombre afín al secretario general del PPCV, Serafín Castellano, quien la impulsó en su día a la portavocía adjunta del grupo. Un indicativo más de que el número dos de los populares valencianos, que podría ser imputado en el caso Taroncher, se encuentra en el momento más delicado desde que fuera nombrado por Alberto Fabra con la opinión en contra de dirigentes de peso como Rita Barberá, Alfonso Rus o Juan Cotino.

En su día, diversos cuadros del partido calificaron de "error" la designación de Castellano. El paso del tiempo ha alimentado los argumentos de los que se opusieron al nombramiento decidido por Alberto Fabra. Nadie, ni siquiera sus detractores, discuten la capacidad de trabajo del secretario general, pero la realidad es que no ha existido buena sintonía con las direcciones provinciales, en especial con la de Valencia y Alicante, que han percibido los movimientos de Castellano como un intento de expansión territorial. Unos intentos que, más allá de generar tensiones en diferentes comarcas y municipios, no han fructificado.

Este historial de desencuentros, en su mayoría soterrados, arrancan de mucho tiempo atrás, pero una vez nombrado al frente de la secretaría general del PPCV se visualizaron por primera vez en los congresos de Nuevas Generaciones del partido.

Una organización cuya presidenta durante una década, Verónica Marcos, afín a Castellano, había perdido el control años atrás en favor de otros jóvenes como Belén Hoyo o César Sánchez. A este primer rifirrafe, que se saldó favorablemente a Alfonso Rus y José Císcar, le siguieron otros en los congresos comarcales y locales de Valencia, en los que Castellano se fue prácticamente de vacío pese a respaldar varias candidaturas frente a las de Rus. De la misma manera, también se produjeron tensiones en determinados cónclaves locales alicantinos donde la dirección provincial vio la sombra de Castellano.

En cualquier caso, 'de forment ni un gra' para el número dos de Fabra en todos estos procesos: sembró vientos y recogió un descontento notable en la tropa de Rus, ya predispuesta a ello por enfrentamientos anteriores, pero también en la de Císcar, que ha detectado movimientos en su provincia que no han agradado.

CINCO HECHOS QUE EVIDENCIAN DEBILIDAD

En los últimos días se han producido diversas señales que han acentuado la situación delicada que atraviesa el número dos de Fabra.

-Caso Taroncher. El problema principal y detonante de los apuros para Castellano. La denuncia recibida desde la Asociación contra la Corrupción ha conllevado la solicitud a Les Corts por parte del TSJCV del aforamiento del número dos de Fabra. Un trámite obligado pero que ha reforzado la idea de que Castellano puede ser imputado. De ser así, el jefe del Consell tendría muy complicado no destituirle.

-Intervención de Asunción Quinzá. El pasado 12 de julio se celebró un Comité Ejecutivo Regional en el que se produjeron algunas intervenciones destacadas. Una de ellas fue la de la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, mano derecha de Castellano, que ahondó en la facilidad en la que un dirigente podría ser imputado, unas palabras que fueron entendida por varios de los asistentes al comité como una petición al presidente Fabra para rebajar el listón de la llamada 'línea roja'. Días atrás, el diario Levante-EMV había publicado una información en la que se señalaba que Taroncher había hecho obras en la casa de Quinzá. La intervención de la secretaria autonómica fue interpretada por diversas fuentes como un intento de la dirigente de proteger a Castellano y a ella misma ante posibles complicaciones judiciales.

-Promoción para Miguel Ortiz y tensiones en Alicante. Como ya informó este diario el lunes, fuentes populares alicantinas consideran que Castellano está fomentando la promoción del alcalde de Altea y vicesecretario de Política Territorial del PPCV, Miguel Ortiz, para posicionarlo como posible relevo si tuviera que abandonar el cargo. Este lunes, convocó una reunión del Comité de Dirección del partido en este municipio y, además, una comida con alcaldes y portavoces populares de la que no tenía constancia la dirección provincial del partido que lidera José Císcar, algo que causó cierto malestar en la cúpula alicantina.

Por otro lado, en Orihuela también se han producido movimientos en los últimos días. Aunque diversas fuentes consultadas consideran que los problemas surgidos en este municipio son netamente locales, hay quien ve en los movimientos de Mónica Lorente, aspirante a liderar una moción de censura y liderar la alcaldía y próxima a Castellano, otra maniobra en la búsqueda del control del territorio.

-Exhibición de músculo político de Rus y Císcar. El peor momento de Castellano se ha visto agravado por la celebración de actos exitosos por parte de Alfonso Rus y José Císcar. El presidente provincial del PP de Valencia reunió a unas 1.500 personas en Sueca, incluido el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, para su cena de verano del partido. Por su parte, el líder alicantino congregó a más de 600 militantes en Elda para celebrar su primer aniversario al frente del partido.

-Quinielas sobre la sucesión. Un evidente signo de debilidad del secretario general del PPCV son las abundantes quinielas sobre su relevo que circulan en las entrañas del partido en los últimos días. La opinión generalizada es que Castellano deberá abandonar la Conselleria de Gobernación y Justicia y la secretaría general del PPCV si resulta imputado, algo que se da por hecho en diversos cuadros de partido, y que ha conllevado que se hayan iniciado las filtraciones de nombres.