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Císcar bloquea la moción de censura para que Mónica Lorente, imputada en Brugal, no sea alcaldesa mientras el PP local se rebela y asegura que saldrá adelante

VALENCIA (X. A.). El presidente provincial del PP alicantino, José Císcar, ha bloqueado el intento de moción de censura para que Mónica Lorente, imputada en el caso Brugal, se convierta en la nueva alcaldesa de Orihuela. Una opción que haría pedazos la línea roja contra la corrupción trazada por el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Alberto Fabra. El jefe del Consell, se ha encargado de enseñar la puerta de salida a cualquier alto cargo del Ejecutivo que haya sido imputado durante su mandato y, de la misma manera, evitó el nombramiento en la dirección del partido de dirigentes que se encontraran en esa situación judicial.

En cambio, la presidenta local del PP de Orihuela, Pepa Ferrando, manifestó públicamente este martes que habrá moción de censura y la candidata será Mónica Lorente. "Esto es así de claro, contundente y tranquilizador, creo que era importante despejar algunas intoxicaciones", subrayó, calificando también de "chascarrillos"las informaciones que apuntaban a que no se tenía beneplácito de la dirección regional y provincial.

Este diario se puso en contacto ayer con fuentes oficiales de la cúpula de la dirección provincial del partido, que insistieron en que el propio José Císcar, Alberto Fabra e incluso desde Génova, donde se ha puesto en conocimiento el caso, rechazan que se impulse una moción de censura que lidere un dirigente imputado.

En este sentido, las citadas fuentes subrayan que el PP provincial se muestra "a favor" de presentar la moción para relevar al gobierno actual formado por PSPV y Los Verdes siempre que se presente un informe previo a la dirección del partido y se escoja a un alcaldable que no se encuentre imputado.

No obstante, Pepa Ferrando aseguró ayer ante los medios de comunicación que el candidato "lo elegirán los concejales que trabajan diariamente en la defensa de los intereses de los oriolanos y de sus filas".

"Somos los más disciplinados, pero tampoco vamos a consentir que se nos tome por tontos. La señora Lorente -imputada en el caso Brugal- tenía la misma situación jurídica cuando encabezó el cartel electoral que a día de hoy. Y, segundo, no juzguemos ni condenemos ya a las personas", afirmó.

ANTONIO RODRÍGUEZ, EL CONCEJAL QUE SE MANTIENE FIRME

Según reveló la propia Ferrando, es el único edil de los 12 que conforman el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Orihuela que se ha negado a firmar la moción liderada por Mónica Lorente fue Antonio Rodríguez. El concejal ya señaló el lunes no tener constancia de que este movimiento estuviera autorizado por la dirección provincial y regional del partido, por lo que no rubricaría el acuerdo.

"El lunes acometí el encargo que me hizo el presidente provincial (José Ciscar) ante la imposibilidad de hablar con nadie porque no le cogieron el teléfono y hay una relación de toda la gente que no cogió el teléfono", declaró ayer Rodríguez.

Sobre la posibilidad de que la candidata que se presente en la moción de censura no sea Mónica Lorente sino Pepa Ferrando, Rodríguez señaló "que cualquier compañero puede ser si se consensua". "Pero ha de ser el que el grupo municipal el que decida; Pepa tiene más opciones porque es la presidenta, pero se ha de consensuar", insistió. 

Ferrando lamentó la postura del concejal que no firmó ante notario: "Votaron a favor todos menos una persona, todos menos uno; más de 20 compañeros manifestaron el no entender porqué Rodríguez no quiso rubricar la moción de censura. Desde la lealtad al PP de Orihuela, Alicante, Valencia y Madrid. Nadie puede entender que alguien diga no a una moción de censura", recalcó, para añadir posteriormente que Rodríguez seguía teniendo "la puerta abierta" para firmarla.

Por su parte, las fuentes de la dirección del PP consultadas por este diario se mostraron convencidas de que, tal y como estaba propuesta inicialmente, la moción de censura no saldrá adelante. De ser así, admiten que implicaría una ruptura con la línea roja dibujada por el presidente Fabra en materia de corrupción, al situar como alcaldesa a una dirigente imputada.