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VALENCIA (EP). El Consell Valencià de Cultura (CVC) proyecta realizar "un informe en profundidad" sobre el sistema de investigación científica valenciano, que se centrará en aspectos como el grado de utilización de infraestructuras existentes, las relaciones entre universidades y empresas y la salida de capital humano, ya que, desde 2009, "han emigrado al extranjero más de 16.000 valencianos, muchos de ellos jóvenes universitarios".

Así lo ha señalado el órgano consultivo, cuya comisión jurídica ha recibido las comparecencias de los científicos Javier Quesada y José Pío Beltrán, relacionadas con el estudio que ha iniciado la institución sobre el estado de la ciencia, informa el CVC en un comunicado.

Javier Quesada es catedrático de análisis económico de la Universitat de València (UV) y José Pío Beltrán es el coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana.

Según los miembros del organismo asesor y de la comisión implicados en el estudio, se trata del "primer paso para la redacción de un informe en profundidad sobre diferentes aspectos del sistema de investigación valenciano".

Este estudio parte de un primer documento, en forma de declaración del pleno hecha pública el mes pasado, "de apoyo a la ciencia y la investigación". En este último informe, el CVC aseguraba "compartir la preocupación contemplada en la Carta abierta por la Ciencia en España" y apoyaba las propuestas que el conjunto de la comunidad científica reclama.

PLAN ESTATAL

En concreto, mostraba su respaldo a la puesta en marcha tanto del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 como del Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat Valenciana 2010-2015, y el cumplimiento estricto de los plazos; la coherencia en la política de recursos humanos, para evitar el menoscabo de generaciones futuras de científicos, tecnólogos y personal de investigación y la ejecución del 100% de los presupuestos aprobados para I+D+I por el Parlamento español y por las Cortes Valencianas.

Asimismo, reivindicaba la transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación con proyectos aprobados, independientemente del cumplimiento del déficit de las comunidades autónomas; el cumplimiento del compromiso de invertir en I+D+I un 2% del PIB en 2016; la creación de la Agencia Estatal de Investigación, recogida en la Ley de la Ciencia de 2011, como un organismo autónomo e independiente, con un presupuesto plurianual; y la apertura de un proceso de negociación con la Comunidad Científica para un acuerdo social y político sostenible para preservar la I+D+ I de los vaivenes económicos y políticos.