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MADRID. Los servicios de Competencia de la Comisión Europea (CE), que dirige el español Joaquín Almunia, están a punto de "liquidar" el sector de la construcción naval española, sí como todo parece indicar se decantan al final por la exigencia de devolución de las ayudas recibidas por los astilleros españoles, que son unos 2.800 millones de euros.
El inminente fallo sobre el famoso expediente, conocido como "tax lease" sobre el sistema de arrendamiento financiero que se utilizó desde 2005 hasta hace dos años por los astilleros nacionales, ya que lleva ese tiempo suspendido por una denuncia holandesa, ha cortado la respiración al sector naval español, que sigue esperando un milagro en los próximos días, aunque se teme lo peor.
PRESIONES DEL GOBIERNO
Almunia lleva meses parapetado en la Comisión Europea sin atender las reclamaciones que se le hacen sobre este asunto desde España. Desde el Gobierno central, a través del presidente Mariano Rajoy y el ministro de Industria, José Manuel Soria, hasta de los gobiernos regionales de Galicia, Asturias y País Vasco, que son las comunidades don
de siguen operando más astilleros privados en España, todos han estado pidiéndole que no decrete el final de este sector industrial en nuestro país.
En las últimas semanas ha rechazado reunirse en varias ocasiones con representantes de la patronal de la construcción naval española, Pymar, que según ha sabido este diario está preparando actuaciones contra la posible decisión de los servicios de Competencia europeos, tanto jurídicas como de otro tipo. El sector naval factura unos 2.000 millones al año, y su desmantelamiento afectaría directamente a 86.735 empleos directos e indirectos, según datos de Pymar.
EL LARGO CALVARIO DEL ‘TAX LEASE'
Pero es que además, denuncian desde el sector, Almunia parece conjurado contra el naval español, a juzgar por todas sus decisiones hasta la fecha. Primero, aceptó la denuncia holandesa contra el sistema español, cosa que no había hecho su predecesora Neelie Kroes. Luego, puso todo tipo de objeciones a las propuestas de un nuevo sistema de financiación de buques que le llegaron desde el Gobierno español, aunque finalmente tuvo que aceptarla y entró en vigor el pasado enero.
Pero ya desde entonces los servicios del comisario Almunia empezaron a filtrar la necesidad de que el sector devuelva las ayudas recibidas los años que estuvo vigente el anterior ‘tax lease', unos 2.800 millones, que parece ser el espíritu de la decisión de la CE, lo que para la patronal y el propio Gobierno español, supone la desaparición del sector dada la imposibilidad de abonar esas cantidades.
El Gobierno español y las empresas llevan meses pidiendo sin éxito a Almunia un gesto similar al que la CE tuvo con Francia en 2006, a la que se eximió de devolver las ayudas recibidas.
OTROS SE ESTÁN BENEFICIANDO
Sucede también que la indefinición legal está provocando además una imposibilidad para los astilleros españoles de contratar nuevos buques, hasta 40 por valor de casi 2.000 millones según Pymar, de lo que se están beneficiando otras industrias europeas, sobre todo la holandesa que es la que nos denunció ante la CE, pero también asiáticas como chinas y coreanas, sobre todo
El próximo jueves Joaquín Almunia interviene en un desayuno de ‘Nueva Economía Forúm' en Madrid y luego clausura junto con el ministro de Economía, Luis de Guindos, unas jornadas sobre competencia. Dado que las próximas 48 horas son claves, esa fecha parece el límite.
El ministro Soria ha dicho que si la decisión de la CE se confirma "sería profundamente injusto" y recordó que Francia, que fue un caso similar "no tuvo que devolver un solo duro", por lo que podría producirse "una diferencia de trato" en caso de que los astilleros españoles sí deban pagar. "La Comisión Europea no ha tomado ninguna decisión. Se tomará en las próximas semanas", ha asegurado a Efe el portavoz de Competitividad del Ejecutivo comunitario, Antoine Colombine.
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