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MADRID (EP). El Gobierno de Mariano Rajoy propone la eliminación de los Defensores del Pueblo que existen en muchas comunidades autónomas como una medida de ahorro, según se recoge en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.

En ese extenso documento, que se dará a conocer públicamente este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se incluye el calendario de aplicación de las medidas y el coste estimado de muchas de ellas. El gasto que implica mantener los defensores del pueblo autonómicos es una de las cifras que ha calculado el Ejecutivo, que aboga por su eliminación porque existe esa institución a nivel nacional, presidida en este momento por la exministra Soledad Becerril.

Fuentes del Ejecutivo han admitido que hay CC.AA en las que el Defensor del Pueblo autonómico, como ocurre en Cataluña con el Sindic de Greuges, tiene un "valor político mayor" y han subrayado que serán las comunidades autónomas las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). El Gobierno ha recordado que comunidades como Murcia o Castilla-La Mancha ya han suprimido esa figura.

EL INFORME SE ABORDARÁ EN EL PRÓXIMO CPFF

En este sentido, las mismas fuentes han recalcado que la filosofía de este documento de la CORA -que estará encima de la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio- no es la "desconfianza" sino la colaboración y la cooperación conjunta en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Así, según estas fuentes, este informe lo que se ofrece es una "guía" para avanzar en el camino de la eficacia y el ahorro.

En el documento sobre las AAPP, el Gobierno plantea también reformar 57 organismos públicos de la Administración General del Estado y suprimir hasta 90 observatorios autonómicos y estatales. También recoge la supresión de 10 consorcios y una veintena de fundaciones públicas, como la fundación general de la UNED.