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BRUSELAS (EP/VP). La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) por impedir a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles (entre ellos Barcelona, Valencia, Algeciras y Bilbao) que contraten a sus trabajadores en el mercado y obligarlas a hacerlo a través de empresas de gestión de personal en cuyo capital deben participar.

"La Comisión considera que los proveedores de manutención de carga de otros Estados miembros que deseen establecerse en puertos españoles podrían no hacerlo a causa de estas prácticas laborales restrictivas", ha explicado Bruselas en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario se refiere al hecho de que las empresas estibadoras solo puedan recurrir "libremente" al mercado para contratar mano de obra si la ofrecida por las empresas privadas es "inadecuada o insuficiente". Y aclara que las normas europeas sobre libertad de establecimiento "se aplican plenamente a las actividades portuarias" y que el Tratado de la UE "se opone a cualquier disposición nacional que, aunque no sea discriminatoria por razones de nacionalidad, obstaculiza o hace menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento".

Bruselas ha dado este paso porque el Gobierno español ha desatendido el dictamen motivado que le fue remitido en septiembre del año pasado, exigiéndole que modificara esta normativa.

La legislación española dispone que en los puertos de interés general deben crearse empresas privadas denominadas SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), que son las que contratan a los estibadores y los ponen a disposición de las empresas de manutención de carga.

Estas normas, además, obliga a todas las empresas que deseen prestar servicios de manutención de carga a unirse a una SAGEP y a participar financieramente en su capital. Las empresas estibadoras solo pueden quedar exentas de esta obligación en casos muy limitados.

La Comisión considera que estas disposiciones "altera forzosamente las estructuras de empleo y las políticas de contratación de las empresas" y también de las estrategias empresariales, además de suponer "graves perturbaciones" para las empresas y poder acarrear "consecuencias financieras considerables". "Todo ello puede disuadir a las empresas estibadoras de establecerse en puertos españoles de interés general", concluye la institución europea.