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MADRID. Capio (IDC Salud), Ribera Salud y Sanitas son las compañías más sonadas para la gestión de los seis hospitales madrileños. Este viernes es el último día para la presentación de ofertas por alguno de los seis hospitales públicos que pasarán a tener gestión privada en la Comunidad de Madrid: el Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, y 27 centros de salud.
Otras de las empresas que mostraron interés por el proceso, como USP-Quirón y Hospitales de Madrid, no parecen tener intención de presentarse por los elevados riesgos económicos que supone enfrentarse a las exigencias de los pliegos. Desde el Instituto para el Desarrollo y la integración de la Sanidad (IDIS) apuntaban a la dificultad de hacer frente a las condiciones y no tenían claro que la presentación de candidaturas fuera a ser masiva.
Capio Sanidad y Ribera Salud acaparan prácticamente todos los hospitales gestionados por este modelo y concentran su negocio en Valencia y Madrid. Sanitas también participa en dos hospitales de gestión privada, uno en Manises (Valencia) y otro en Torrejón de Ardoz (Madrid), vendidos por Ribera Salud.
Las compañías sanitarias apuntan a que el atractivo de los hospitales cambió cuando la Consejería de Sanidad decidió blindar la gestión de personal de los centros y por lo tanto este aspecto apenas puede ser gestionado por las concesionarias. Este hecho hace que a muchas de ellas dejen de salirles las cuentas para afrontar la gestión. El pliego exige a las empresas que asuman todo el personal actual, alrededor de 5.200 profesionales.
Las concesiones son por un periodo de 10 años y los resultados positivos tardarían en llegar ya que probablemente no hicieran su aparición hasta el ecuador de la gestión. Esto deja poco margen para rentabilizarla, por lo que son las más fuertes las más aptas para asumir el riesgo. Además, tampoco se sabe por cuántos hospitales se realizará la oferta, por lo que alguno podría quedar sin tener empresa que lo gestione.
CAPIO SANIDAD, RIBERA SALUD Y SANITAS, LAS MÁS FUERTES
Capio Sanidad es propiedad de CVC Funds, un fondo de inversión con sede en Luxemburgo, y ya gestiona íntegramente dos hospitales públicos de la región de Madrid con concesiones a 30 años: el Infanta Helena (Valdemoro) y Rey Juan Carlos (Móstoles), aunque a lo largo de 2013 sumará el tercero, Collado Villalba. Se habla de ella como la empresa mejor posicionada para lograr las nuevas concesiones y en el primer semestre de 2011 ingresó 77 millones de euros del sector público y 27,8 del privado.
Ribera Salud es el grupo sanitario líder de la Comunitat Valenciana, donde gestiona cinco hospitales y 100 centros de salud. En estos momentos, el grupo pertenece al Banco Sabadell y a Bankia. En Madrid, gestionan de forma exclusiva el laboratorio de San Sebastián de los Reyes, donde se realizan todos los análisis clínicos de los seis centros que ahora se pretenden privatizar.
Sanitas Hospitales es la compañía aseguradora que recientemente ha comprado el 50% del hospital de Torrejón, la parte de Ribera Salud. Esta empresa se encuentra interesada en adjudicarse alguno de los hospitales que privatizarán su gestión y valoran todas las oportunidades. El grupo pertenece a la empresa BUPA Internacional Health Insurance.
EL PSM Y LA 'MAREA BLANCA', DOS INCONVENIENTES
El Partido Socialista Madrileño, con Tomás Gómez a la cabeza, contactó por burofax con las empresas que interesadas en la externalización de los hospitales para avisarles de que si el gobierna, anularía los contratos que hayan firmado. Esta oposición se suma a la 'marea blanca', ciudadanos defensores de la sanidad pública.
Tras las presiones sufridas, una de las claras candidatas a llevar a cabo la gestión sanitaria de los hospitales privatizados, IDC Salud, llegó a afirmar que no se encontraba interesada en presentarse a este proceso. Sin embargo, todas las informaciones apuntan a que la antigua Capio es una de las claras candidatas.
La última ofensiva ha sido la del sindicato de médicos AFEM, quien ha presentado un recurso contra el pliego de condiciones y ha solicitado la suspensión cautelar del proceso de licitación de las empresas adjudicatarias. A esto se le une un informe de un despacho de abogados que defendía la inconstitucionalidad del modelo sanitario de gestión privada.
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