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VALENCIA (VP). La Abogacía de la Generalitat solicita una pena de 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el diputado del PP y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, por un delito de tráfico de influencias y otro continuado de falsedad en documento oficial, ambos en concurso con un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes. También le reclama el pago de una multa de 4.500 euros.
Así consta en el escrito de calificación provisional, de 70 páginas, presentado por la Abogacía ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye el 'caso Cooperación', donde está personada como acusación particular.
Este escrito, al igual que el del fiscal -y con penas similares-, se dirige contra Blasco y los otros ocho imputados en el procedimiento: el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.
La Generalitat pide la misma pena tanto para Blasco como para Tina Sanjuán, y otras más rebajadas para Catalá, con 10 años y medio de cárcel, 28 de inhabilitación y una multa de 4.500 euros; Felip, con ocho años y tres meses; 26 de inhabilitación y 2.100 euros; Tauroni, con ocho años de cárcel y 18 de inhabilitación; Llinares, con seis de prisión y 15 de inhabilitación; López y Cervera, cinco años de cárcel y el pago de una multa de seis millones para cada uno; y, por último, para Llopis se solicitan cuatro años y medio de cárcel, cuatro de inhabilitación y 4.500 euros. Cita como responsables civiles a López, Cervera y Tauroni.
Según consta en el escrito, de los cinco expedientes tramitados a favor de la Fundación Cyes, por valor de 1,8 millones de euros, "puede concluirse que el destino de las subvenciones ha sido desviado, resultando beneficiarios los particulares en un alto porcentaje de las cantidades concedidas".
Esto "no hubiera sido posible" si el departamento administrativo competente "hubiera accionado los mecanismos oportunos para el control de los caudales públicos": "acciones y omisiones de funcionarios y cargos públicos que favorecen, contribuyen, conocen, consienten y no impiden el resultado que se alcanza en cuanto a la desviación de los fondos públicos". Del total, solo el 3 por ciento de las subvenciones, 43.000 euros, fueron destinados a Nicaragua en 2008.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Al igual que Fiscalía, la Abogacía relata que fue Tauroni el que contactó con López para optar a las subvenciones de Solidaridad, a cambio de obtener un beneficio de un 25 por ciento. Sin embargo, en esos momentos, la Fundación Cyes no contaba con los requisitos de experiencia exigidos por la normativa y estaba desprovista de los medios personales y materiales necesarios para acometer los proyectos subvencionados.
Asimismo, expone que Tauroni y López conocían "por adelantado" el contenido de publicaciones posteriores de convocatorias de subvenciones en distintos Diarios Oficiales de la Comunitat. En este punto hace referencia a la "estrecha" relación entre Blasco y Tauroni, el presunto cabecilla de la trama.
También detalla que varios informes cursados por la evaluadora externa CAAZ fueron "manipulados y alterados" para cumplir con los requisitos exigidos en las convocatorias; y señala la reunión de 31 de julio en la que Blasco presionó a los técnicos para conseguir el acta con el que dar las ayudas a Fundación Cyes.
Sobre este encuentro, indica que el entonces conseller mostró su enfadó y realizó "reproches" a varios de los funcionarios encargados de la tramitación. Tras subsanar deficiencias, Blasco aprobó la resolución y el 11 de septiembre de pagó el importe a la entidad, quien inmediatamente transfirió un 25 por ciento del total a una empresa de Tauroni, Arcmed.
Cuando se destapa la presunta trama, se creó 'ad hoc' un documento fechado el 8 de julio y suscrito por Catalá, por orden de Blasco, que recogía dos listados de facturas admitidas y excluidas en cada uno de los expedientes de grandes proyectos. Alude a la "falsedad" en la datación, reconocida por varios imputados.
"PROVOCANDO LA SUSTRACCIÓN"
De los hechos investigados, la Abogacía de la Generalitat estima que Blasco dictó en agosto de 2008 una resolución de concesión de subvenciones "a sabiendas de su injusticia", ante el "incumplimiento" de los requisitos de convocatoria, "provocando la sustracción de caudales públicos y enriquecimiento de los particulares".
También señala que el exconseller, al tratarse de una autoridad, alto cargo superior de la conselleria, "valiéndose de su posición", "influyó" en los funcionarios que conformaban la Comisión Técnica para que suscribieran una propuesta de concesión de subvención en grandes proyectos. La "presión" se realizó "directamente".
Fue asimismo Blasco quien, -se agrega en el escrito- ordenó la elaboración de un dossier para Fiscalía, que era "fiel reflejo" del expediente original, y ordenó elaborar un certificado, con fecha "falsa" del 8 de julio, que contenía una relación de facturas admitidas "no conformes con el ordenamiento jurídico".
Además, destaca que a pesar de las recomendaciones realizadas por el síndic de Comptes, el diputado permaneció "en su pasividad", al no ordenar la revocación de la concesión, ni el reintegro de las cantidades, "defendiendo, de manera vehemente, la regularidad de lo actuado ante el organismo de control".
Las penas solicitadas por el departamento jurídico del Gobierno valenciano, como ya informó este diario, se han situado muy poco por debajo de las del resto de acusaciones. El PSPV, personado como acusación popular, ha solicitado 15 años de prisión; la Fiscalía ha pedido 14 años de cárcel y José Antonio Penadés, padre del único niño haitiano adoptado en la Comunitat Valenciana y perteneciente a la ONG Familias Sin Fronteras por la Infancia, solicita como acusación popular una pena de 13 años de prisión para Rafael Blasco
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