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PALMA DE MALLORCA (EP). El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ve indicios racionales de que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, incurrieron en presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.

Así lo pone de manifiesto en la exposición razonada, de 70 páginas, que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que le propone que asuma la competencia para instruir la parte del caso Nóos que afecta a la supuesta participación de ambos en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

Castro, subraya cómo la contratación del Instituto Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit respondía "sólo al deseo" del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".

Así de tajante lo expone el magistrado en el escrito que ha elevado al TSJCV a fin de que éste asuma la competencia para instruir la parte del caso Nóos relacionada con la supuesta "participación delictiva" de Camps y Barberá en las negociaciones del anterior evento, por cada una de cuyas ediciones (2004, 2005 y 2006) Nóos percibió 1,044 millones de euros, cuando su valor real, según los investigadores, rondaba los 300.000 euros.

Y es que, tal y como asevera el juez en su exposición, de 70 páginas de extensión, las contrataciones de Nóos fueron actos "estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general" sino "sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortésmente que se planteasen no dejaban de serlo", del Duque de Palma, a cuyas pretensiones Camps "entendía que era obligado acceder en atención a que era el yerno de S.M. El Rey".

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