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VALENCIA. El juez instructor del caso Nóos, José Castro, solicitó este viernes a Les Corts Valencianes la acreditación de aforamiento de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Un paso obligado por la condición de diputados de ambos dirigentes para, posteriormente, trasladar la causa al órgano competente, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La noticia, que les aproxima a una posible imputación, llega en un momento especialmente delicado en lo que se refiere a los casos de presunta corrupción en la Comunitat Valenciana. Esta misma semana el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, preguntado por la situación del exconseller Rafael Blasco, imputado en el caso de las ONG, subrayó que no le temblaría el pulso a la hora de tomar una decisión sobre el parlamentario.
Unas palabras que suenan a cuenta atrás, dado que en menos de diez días la propia Generalitat, como acusación particular, deberá posicionarse y solicitar -o no- la apertura de juicio oral y presentar su escrito de acusación pidiendo pena para Blasco. Una situación que, según se desprende de las palabras del jefe del Consell y de las fuentes consultadas por este diario, conllevará la salida del parlamentario -o en su defecto, la expulsión del grupo- en los próximos días.
No obstante, cabe recordar que hay otros ocho diputados imputados en el grupo parlamentario ‘popular'. Pese a los intentos del propio presidente y del portavoz del Ejecutivo, José Císcar, de defender la uniformidad, virtud y firmeza de la 'doctrina Fabra' sobre la tolerancia cero con la corrupción, que ha sido aplicada con vehemencia sobre cargos del Consell, cada vez se hace más evidente los diferentes niveles y categorías existentes en las imputaciones.
Así, en Les Corts se encuentran imputados por el caso Gürtel seis parlamentarios: Angélica Such, Milagrosa Martínez, Yolanda García, David Serra, Ricardo Costa y Vicente Rambla. Además, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, se hallan en esta misma situación por el caso Brugal.
Bien es cierto que el caso de las ONG, además de ser especialmente delicado por las connotaciones sociales que conlleva al tratarse de ayudas destinadas a cooperación, se encuentra en un punto cronológico más ‘caliente', dado que la jueza ya emitido el auto con el que daba por finalizada la instrucción.
Sin embargo, de confirmarse la salida de Blasco, sentaría un precedente sobre la relación entre apertura de juicio oral y la expulsión -o la salida forzada- del grupo parlamentario. Ahora bien, la actuación firme y generalizada de Fabra en esta hipotética situación, podría poner en dificultades la gobernabilidad del PP en Les Corts, dado que no dispondría de mayoría suficiente para tomar decisiones sin el apoyo del grupo de no adscritos.
Así pues, todo apunta a que el jefe del Consell deberá hallar diferentes niveles y categorías de imputados. O, al menos, considerar el caso Blasco como una excepción por lo sensible del asunto.
EL 'POSTUREO' O CESE TEMPORAL DE LOS CARGOS EN EL PARTIDO
La estrategia adoptada para los imputados, y que ya fue utilizada a modo de prueba precisamente con Blasco cuando era portavoz en Les Corts, es el llamado "cese temporal" de las funciones en el partido a los dirigentes que se encuentran en esta situación.
Una práctica a la que se acogió -eso sí, tras varios días de reflexión- el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y los miembros de la Ejecutiva provincial de Valencia,Rafael Blasco y José Manuel Haro, alcalde de Chiva.
Cabría preguntarse qué significa para un cargo del partido dejar de serlo -cuando normalmente no recibe pago alguno por ello- mientras continúa manteniéndose en el cargo público que ostenta, donde sí percibe una retribución y además, gestiona el dinero de la ciudadanía.
La medida, en este sentido, parece una cuestión de imagen, si bien tiene poco sentido que si abandona sus funciones en la formación ‘popular' mantenga sus cargos públicos. De hecho, tal vez fuera más lógico lo contrario: que el PP confiara en su inocencia y lo mantuviera en sus funciones en el partido pero que le hiciera abandonar sus cargos públicos -o le instara a que lo hiciera- para evitar suspicacias.
Es inevitable recordar lo ocurrido con Carlos Fabra, quien pese a estar imputado por diversos delitos y a las puertas de abrirse juicio oral, mantuvo su cargo de presidente provincial del PP de Castellón hasta el día fijado para el congreso. En este caso, ni Alberto Fabra ni el PPCV se animaron a tratar de conseguir un ‘cese temporal' por parte del poderoso barón provincial.
Otro caso llamativo es el del exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal y presidente de la autoridad portuaria con el beneplácito del Consell.
TRES CAPITALES, TRES CASOS... ¿TRES IMPUTADOS?
A día de hoy, se encuentran imputados el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por el caso Gürtel y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por una pieza separada del caso Brugal referente al presunto ‘amaño' del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.
Fuentes del PP alicantino, cuando se les pregunta sobre Castedo, remiten la cuestión a la dirección nacional de la formación ‘popular', y recuerdan que la alcaldesa es miembro nato de la Junta Directiva Nacional del PP por gobernar un municipio de más de 50.000 habitantes.
De producirse la imputación de Rita Barberá por el caso Nóos, se daría la circunstancia de que los tres alcaldes de las capitales de provincia, todos ellos del PP, estarían imputados en tres casos distintos. Una circunstancia que, en cierta medida, podría beneficiar precisamente a Castedo, dado que la presión se repartiría y tendría una aliada circunstancial importante en una condición similar.
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