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El Estado tendrá 13.000 funcionarios menos en 2011

01/10/2010 Con esta medida, el Ejecutivo pretende contribuir a la sostenibilidad de las finanzas del Estado y ayudar en el proceso de consolidación fiscal que se debe realizar todas las administraciones

MADRID (VP/EP9. La Administración General del Estado contará con 13.000 funcionarios menos el año que viene por la reducción al 10% de la tasa de reposición y la no contratación de personal temporal que incluyen los Presupuestos del Estado del 2011.

La reducción al 10% de la tasa de reposición supone que de cada 10 funcionarios que se jubilen sólo se cubre un puesto. En el periodo 2011-2013, la medida supondrá 30.000 funcionarios menos en la Administración.

Con esta medida el Gobierno pretende contribuir a la sostenibilidad de las finanzas del Estado y pretende ayudar en el proceso de consolidación fiscal que se debe realizar todas las administraciones.

El peso de las administraciones públicas sobre el PIB alcanzó el 45,9% en España en el año 2009, un nivel inferior a la media de la zona euro (50,8%) y al de la UE (50,7%). De hecho, España se sitúa entre los diez países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB.

Al comparar el empleo público hay que recurrir a los datos de la OCDE que se refieren al año 2005. En dicho año, el empleo público en España se situó en el 13% de la población activa, por debajo de la mayoría de los países que se analizan.

Además, la proporción de empleados públicos sobre la población activa se ha mantenido bastante estables al pasar del 13,8% en el primer trimestre de 2005 al 13,3% en el segundo trimestre de 2010, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Sin embargo, si se analiza el peso de su remuneración sobre el PIB se observa que ha pasado del 10% en 2005 al 11,8% en 2009, incremento que no puede ser soportado por las finanzas públicas en el contexto de consolidación fiscal.

Por este motivo, el Gobierno ha decidido poner en marcha medidas para limitar el incremento de los gastos de personal, como la reducción de la oferta pública de empleo o la bajada del las retribuciones de los empleados de las administraciones públicas.

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