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VALENCIA. El decano de la sección de delincuencia informática de la Fiscalía de Valencia, Fernando Cabedo, disputará a Teresa Gisbert el puesto de fiscal jefe de la provincia. De no producirse ninguna sorpresa de aquí al viernes, día límite para presentar candidaturas, Gisbert, que ya ha agotado su mandato de cinco años, solo tendrá enfrente al candidato de la conservadora Asociación de Fiscales. Gisbert pertenece a la Unión Progresista de Fiscales. 

El proceso de renovación de una veintena de fiscales provinciales de toda España se ha iniciado estos meses cuando han ido venciendo los periodos de cinco años para los que fueron elegidos. En el caso de Valencia, Gisbert está en funciones desde hace un par de meses a la espera de que, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, se reúna el Consejo Fiscal y vote al candidato que se propondrá al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, que es quien lo nombra.

La voluntad del Consejo de Fiscales no es vinculante, es decir, Torres Dulce puede elegir a cualquiera de los dos candidatos coincidiendo o no con la opinión de este órgano formado por 12 fiscales y donde actualmente hay mayoría conservadora.

Pese a esa mayoría y al perfil también conservador del Fiscal General del Estado, fuentes judiciales valencianas consideran que Gisbert puede conseguir la renovación en el cargo por otros cinco años. Con todo, la irrupción de la candidatura de Cabedo -sin relación familiar con Ricard Cabedo, el fiscal jefe de la Comunitat Valenciana- ha introducido un elemento que inicialmente no estaba previsto, ya que la Asociación de Fiscales no había conseguido un nombre de consenso. Las dos asociaciones jugarán un papel de lobbystas durante las semanas en que tardará en reunirse el Consejo Fiscal y abordar la renovación de Valencia.

El fiscal provincial de Valencia tiene a su cargo a algo más de un centenar de fiscales. El perfil que se elija tiene una relevancia notable, ya que en el sistema judicial español la acusación pública es la clave sobre la que se desarrolla el proceso. La mayor sensibilidad o no con determinadas causas -desde la lucha contra la corrupción o el maltrato contra las mujeres, por ejemplo- son decisivas para la dotación de personal en los casos más sensibles.