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VALENCIA.  Durante estos últimos años, ante la pasividad total de las Administraciones Públicas, se han realizado todo tipo de juegos y apuestas online, por empresas radicadas casi todas en paraísos fiscales, sin pagar impuestos y con un gran despliegue publicitario en todos los medios de comunicación, incluidos equipos de fútbol. La Ley 13/2011 de 27 de Mayo sobre regulación del juego y su desarrollo reglamentario fueron la respuesta ante esta situación, que a mi juicio ha sido un verdadero fracaso.

Las licencias fueron concedidas a 53 empresas el 1 de Junio de 2012, un año más tarde. La razón se encuentra en la Disposición Transitoria Novena de la Ley, que permitía un retraso en su aplicación (dos prórrogas de seis meses) para dar validez a unos contratos y patrocinios de empresas de juego online con determinados equipos de fútbol (Madrid, Betis...) para publicitar juegos y apuestas no autorizados; junto a la necesaria "regulación tributaria" de esas empresas que habían explotado juegos ilegales, para poder participar en el concurso de licencias.

Las empresas abonaron por el primer semestre de 2012 y por todo el año 2011 alrededor de 65 millones de euros, que ingresaron en el Erario Público y que fue repartido con las comunidades autónomas, según censo de población.

El desarrollo reglamentario sobre Publicidad y Juego Responsable no se ha hecho conforme a lo estipulado en la Ley, lo que ha permitido a este sector desarrollar una publicidad muy agresiva y confusa, sin tener en cuenta a los jóvenes y a la población afectada por ludopatía. Según informaciones del sector, se han gastado en los distintos medios de comunicación y patrocinios casi 200 millones de euros.

La fiscalidad es sobre el GGR (Gross Gambling Revenue) a las cantidades jugadas se le resta los premios y sobre ese resultado se aplica un porcentaje que viene a ser un 15%.

No se desarrolló la Comisión Nacional de Juego, órgano colegiado e independiente que debía regular y controlar este sector y en cambio se creó la Dirección General de Ordenación de Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta DGOJ ha elaborado un Informe sobre la evolución del juego on line, en el segundo semestre de 2012 en el que señala que las cantidades jugadas ha sido de 2.727 millones de euros, la inmensa mayoría (80%) se ha jugado en los distintos tipos de póker online y en las Apuestas deportivas de contrapartida.

Pero si observamos el CGR, los ingresos brutos por juego de ese periodo, una vez deducidos premios asciende a 117.397 millones de euros, de los que apenas 48 millones irán a repartirse entre todas las administraciones públicas. A la Comunidad Valenciana unos sies millones de eruos (Joc Privat marzo 2013). Sólo recordar que el juego privado presencial (bingos, casinos y máquinas) además de generar empleo, ingresaron en las arcas de las comunidades autónomas más de 1.300 millones de euros.

A mi juicio, podemos concluir que esta legislación sobre juego online ha llegado tarde y mal. Que hay que regular su publicidad y la práctica de juego responsable en estas empresas así como cambiar su sistema fiscal, ya que vemos que esta actividad la realizan los sectores más vulnerables, no reporta ingresos públicos y no genera empleo, profundizando todavía más la crisis del juego presencial.

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(*) Miguel Mazón es doctor en Economía por la Universitat de Valencia y especialista en legislación sobre el juego en España